La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tomó un giro brutal durante este lunes. Y todo sucedió luego de que el vocero en suspenso de Javier Milei volviera a cancherear en conferencia de prensa, incluso con impostura de indignación. La diputada nacional Marcela Pagano (que ingresó al Congreso por LLA) presentó un pedido formal de detención ante el juez Ariel Lijo, acusando al funcionario de intentar obstruir la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito.
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Según la denuncia, Adorni habría presionado a un testigo clave a través de mensajes de WhatsApp, ofreciéndole "ayuda" y el contacto de su "equipo" poco antes de que este prestara declaración testimonial.
El pedido de detención se fundamenta en la aplicación de la "doctrina Irurzun", un criterio jurídico que justifica la prisión preventiva cuando el poder político de un funcionario puede influir en el curso de una causa penal. Para la querella, el contacto directo de Adorni con los testigos y el presunto borrado de mensajes constituyen un "riesgo procesal grave e inminente" que amerita su inmediata aprehensión para resguardar la prueba.
Hasta las manos
El eje central del escándalo radica en la monumental brecha entre el patrimonio del funcionario y sus ingresos declarados. La justicia investiga un acumulado de gastos y deudas que superan los 800.000 dólares. Lo que resulta más comprometedor es que el grueso de estos movimientos comenzó en marzo de 2024, apenas tres meses después de haber asumido como vocero presidencial, con un sueldo que en aquel entonces no justificaba tales desembolsos.
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245 lucas verdes cash
La pieza clave del rompecabezas apareció este lunes en los tribunales de Comodoro Py. Matías Tabar, el contratista a cargo de las refacciones de la casa de Adorni en el exclusivo country Indio Cuá, confirmó ante el fiscal Gerardo Pollicita haber recibido 245.000 dólares en efectivo por su trabajo. Esta suma, entregada "mano en mano", fue destinada a una ambiciosa remodelación que incluyó la construcción de un quincho, una pileta y una cascada en el jardín.
Llama la atención de los investigadores que el monto pagado por las reformas ($245.000 USD) sea significativamente superior al valor de compra declarado por el propio inmueble, el cual habría sido adquirido por 120.000 dólares. El contratista, buscando desvincularse de cualquier irregularidad, entregó a la justicia facturas y presupuestos, y puso su teléfono celular a disposición para que se periten las comunicaciones mantenidas con el jefe de Gabinete y su esposa.
El entramado patrimonial de Adorni no se limita a su vivienda en Exaltación de la Cruz. La investigación detectó pagos por 60.000 dólares para la seña y cancelación parcial de un departamento en el barrio porteño de Caballito, además de deudas por hipotecas y acuerdos "de palabra" con desarrolladores que suman cientos de miles de dólares adicionales. A esto se le añaden viajes de lujo al exterior y a Bariloche, con costos que superan ampliamente su capacidad de ahorro.
Un punto particularmente sensible de la causa es la adquisición de una camioneta en marzo de 2024. Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, justificaron la compra mediante la "venta de activos", aunque no brindaron detalles sobre el origen de esos fondos. En aquel periodo, Angeletti figuraba ante la AFIP como monotributista de una categoría baja, lo que complica aún más la justificación de los movimientos de capital de la sociedad conyugal.
Lo primero es la familia
La justicia también pone la lupa sobre el financiamiento familiar. Este miércoles está previsto que declare Leandro Miano, vinculado a una de las jubiladas que supuestamente le prestaron dinero al jefe de Gabinete para sus operaciones inmobiliarias. Se espera que Miano entregue evidencia sobre el pago de expensas y refacciones en la propiedad de Caballito para verificar si la operatoria coincide con los plazos y montos declarados ante el fisco.
Hasta el momento, el Gobierno ha intentado mantener una postura de hermetismo, limitándose a negar cualquier tipo de censura o irregularidad administrativa. Sin embargo, el avance de la causa y el testimonio directo del contratista sobre los pagos en efectivo han colocado a Manuel Adorni en una posición política de extrema fragilidad.
La decisión final ahora recae sobre el juez Ariel Lijo, quien deberá evaluar si las pruebas de presión a testigos y la inconsistencia de los 245.000 dólares pagados en efectivo son suficientes para dictar la detención del funcionario más cercano al Presidente, en lo que ya se perfila como la causa de corrupción más resonante de la gestión actual.
