Las claves
- Un juez federal suspendió la aplicación de la reforma en territorio santacruceño
- La medida surge de un amparo presentado por autoridades locales
- El fallo busca evitar posibles daños ambientales mientras se define el caso
- La reforma modifica criterios sobre qué zonas deben protegerse
- Se abre un conflicto entre la política ambiental y las decisiones judiciales
La cautelar que frenó la reforma
El juez federal Claudio Vázquez dispuso una medida cautelar que bloquea la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en Santa Cruz.
La resolución obliga al Estado Nacional a no implementar la normativa dentro de la provincia hasta que haya una definición judicial de fondo.
El rol clave de El Calafate en la demanda
El proceso judicial se inició a partir de un amparo colectivo impulsado por autoridades de El Calafate. El planteo sostiene que los cambios en la ley podrían habilitar actividades con impacto negativo sobre los glaciares.
Desde el ámbito local remarcaron la importancia estratégica de estos recursos para el equilibrio ambiental y el abastecimiento de agua.
Fundamentos del fallo judicial
El magistrado argumentó que la aplicación inmediata de la reforma podría generar consecuencias irreversibles. En ese sentido, priorizó un criterio preventivo para evitar daños antes de que se resuelva el litigio.
La cautelar se mantendrá vigente hasta que la Justicia determine si la reforma es compatible con el marco constitucional vigente.
Cambios en la normativa y debate político
La reforma promovida por el gobierno de Javier Milei propone un esquema en el que las provincias tienen mayor protagonismo para definir áreas protegidas.
Según el nuevo enfoque, solo ciertos glaciares considerados relevantes desde el punto de vista hídrico quedarían bajo protección estricta, lo que generó cuestionamientos.
Reclamos por impacto ambiental
Quienes impulsaron el amparo sostienen que la reforma implica una reducción en los niveles de protección. Plantean que esto podría habilitar actividades en zonas sensibles, afectando reservas de agua clave.
El argumento central apunta al principio de “no regresión”, que busca evitar retrocesos en materia ambiental.
