El frente judicial del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma un nuevo dolor cabeza para él, su esposa y el Gobierno todo: el juez federal Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti.
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La medida, solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita, apunta directamente a la agencia de recaudación bonaerense, ARBA, con el objetivo de cruzar datos sobre los pagos realizados por la pareja para la adquisición de una propiedad en el exclusivo country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, además de deudas tributarias asociadas.
En paralelo, el juez Lijo ordenó el peritaje de las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandío, amigo personal de Adorni. La Justicia busca determinar si existieron irregularidades o "dádivas" en los seis contratos que Grandío obtuvo con la Televisión Pública a través de su productora ImHouse, firma que opera bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación, dependencia que responde directamente a la Jefatura de Gabinete.
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El entramado de sospechas alcanza también el historial inmobiliario de la familia. La justicia dispuso el levantamiento del secreto fiscal sobre un departamento heredado en la ciudad de La Plata, donde actualmente reside la madre del funcionario. Los investigadores intentan reconstruir la trazabilidad de los fondos y el cumplimiento de las obligaciones impositivas de los bienes declarados —y aquellos bajo sospecha— para detectar posibles inconsistencias entre los ingresos registrados y el nivel de vida exhibido por el entorno del Jefe de Gabinete.
Cada día peor
En el marco de las declaraciones testimoniales, este miércoles se presentó ante los tribunales de Comodoro Py el empresario inmobiliario Leandro Miano. El testigo brindó detalles sobre la compra que Adorni realizó de un departamento en el barrio porteño de Caballito, ubicado sobre la calle Miró. Miano es hijo de una de las jubiladas que vendió la propiedad y su testimonio resulta clave para entender las condiciones de una operación que todavía mantiene una deuda pendiente de 200.000 dólares a favor de las vendedoras.
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La declaración de Miano se suma a la de su socio, Pablo Martín Feijoo, quien ya había aportado datos llamativos sobre la transacción en Caballito. Según Feijoo, quien mantiene un vínculo personal con Adorni debido a que sus hijos asisten al mismo colegio, el funcionario habría acordado "de palabra" el pago de 65.000 dólares adicionales por fuera de lo que quedó asentado en la escritura traslativa de dominio. Este tipo de acuerdos extraoficiales complica la situación del funcionario al sugerir maniobras para evitar los controles formales de fondos.
Otro de los testimonios más sensibles de la semana fue el de Matías Tabar, el contratista encargado de las lujosas remodelaciones en la finca de Exaltación de la Cruz. Ante la fiscalía, Tabar confirmó que el costo de las obras ascendió a 245.000 dólares, una cifra significativa que, según sus palabras, fue abonada por el funcionario íntegramente en efectivo y sin la emisión de facturas legales. Este testimonio refuerza la hipótesis de la fiscalía sobre el manejo de grandes sumas de dinero en moneda extranjera cuyo origen no estaría debidamente justificado.
Bajo la coordinación de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), la Justicia continuará procesando los cruces de llamadas y los reportes fiscales obtenidos. La investigación busca determinar si la velocidad del crecimiento patrimonial de Adorni y los beneficios otorgados a sus allegados desde el Estado configuran los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, en un escenario político que observa con atención cada movimiento en los tribunales de Retiro.
