La Justicia federal dispuso analizar el celular de Matías Tabar, el contratista que declaró haber realizado obras por unos 245 mil dólares (pagados en efectivo) en la casa que Manuel Adorni posee en el Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. El objetivo del peritaje es buscar registros de comunicaciones, mensajes —incluidos los temporales o borrados— y cualquier rastro de contacto con el jefe de Gabinete en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
245 mil dólares cash y aprietes por whatsapp
La medida fue ordenada por el juez Ariel Lijo, a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien tiene delegada la pesquisa. Tabar entregó voluntariamente su teléfono tras declarar bajo juramento que Adorni le pagó en efectivo y en dólares todas las refacciones sobre el inmueble, sin facturas ni recibos que respalden las operaciones. Según su testimonio, el presupuesto original, cercano a los 94 mil dólares, terminó escalando hasta alrededor de 245 mil dólares conforme avanzaron las obras.
Llamadas
En su declaración, Tabar reveló que, antes de presentarse en Comodoro Py, recibió llamadas “temporales” por WhatsApp de parte de Adorni, en las que el funcionario le habría ofrecido asesoramiento o la ayuda de su equipo en relación con su testimonio. El contratista dijo que inicialmente consideró esa propuesta, pero luego optó por rechazarla, tras consultar con otra persona, para evitar la impresión de que se estaba coordinando una estrategia común de defensa.
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El peritaje quedó en manos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que intentará reconstruir mensajes eliminados o configurados como temporales. La sospecha de un eventual intento de influir sobre un testigo llevó a la diputada nacional Marcela Pagano a pedir la “inmediata detención” de Adorni por presunto riesgo de entorpecimiento de la investigación, aunque ese planteo fue rechazado por el fiscal Pollicita. Desde la fiscalía se consideró que no se verifican los riesgos procesales alegados por la legisladora y, en todo caso, se analizó la posibilidad de imponer restricciones de contacto con testigos.
Obra millonaria en Indio Cuá
Tabar relató que en agosto de 2024 fue contactado directamente por WhatsApp por Manuel Adorni, quien le dijo que estaba por comprar una casa en el lote 380 del country Indio Cuá y le pidió que la evaluara para encarar una remodelación integral. El contratista visitó el inmueble junto a su socia y se reunió allí con Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.
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Según la declaración, la obra se extendió entre octubre de 2024 y julio de 2025, e incluyó una renovación casi total de la vivienda, de unos 400 metros cuadrados: entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada, trabajos en la cocina (mesadas, isla y desayunador) e iluminación, entre otros ítems. Tabar aseguró que todos los pagos los hizo Adorni en efectivo y en dólares y que no se emitieron facturas ni recibos por los montos abonados.
El contratista entregó al fiscal documentación de las compras realizadas para la obra y un detalle exhaustivo de cada rubro invertido en la casa, además de fotos y videos del antes y el después de la propiedad. Estos elementos se suman ahora al contenido que pueda recuperarse del teléfono peritado, lo que podría dar mayor precisión sobre los intercambios entre el funcionario y el prestador de servicios.
Patrimonio bajo la lupa
La causa no se limita a la casa de Indio Cuá: la Justicia también investiga la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, operación en la que los Adorni habrían pagado 30 mil dólares en efectivo y pactado otros 200 mil sin intereses, a cancelar en noviembre próximo. Este miércoles está prevista la declaración de Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas que vendió ese inmueble al matrimonio.
Paralelamente, ya se ordenó un informe sobre la evolución patrimonial de Adorni y su esposa, que incluirá no solo bienes y deudas sino también gastos corrientes y erogaciones menores para medir el salto en su nivel de vida. Si los peritajes y los informes financieros detectan inconsistencias entre los ingresos declarados y el volumen de gastos y compromisos en dólares, el jefe de Gabinete podría ser citado a declaración indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito. En ese escenario, el contenido del teléfono de Tabar y los registros de pagos en efectivo en la obra de Indio Cuá podrían convertirse en evidencia central del expediente.
