La mañana en Plaza de Mayo se vio marcada por escenas de ultraderecha extrema cuando familiares de personas con discapacidad y prestadores de salud que se concentraban pacíficamente para reclamar por pagos atrasados y contra la reciente reglamentación de la Ley 27.793, sufrieron el apriete de las fuerzas de seguridad.
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El operativo contra el gazebo de las personas concentradas incluyó a la Policía Federal y efectivos de Infantería y terminó con el desarmado forzoso de un gazebo, forcejeos y denuncias de agresiones físicas contra los manifestantes.
“Nos tratan como perros. ¿A vos te parece justo?”, cuestionó un manifestante ante las cámaras de televisión, resumiendo el sentimiento de desamparo frente a una respuesta oficial que prioriza el protocolo de orden público por sobre el diálogo con un sector crítico.
El malestar de las familias no es nuevo, pero se agudizó tras la publicación del Decreto 84/2026. Cabe recordar que el Ejecutivo intentó frenar por todas las vías la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, sancionada por el Congreso en septiembre de 2025. Tras un veto presidencial fundado en la "falta de fondos" y la posterior insistencia parlamentaria, el Gobierno mantuvo la ley en suspenso hasta que la justicia intervino.
Fue un fallo del Juzgado Federal de Campana el que obligó a la gestión de Javier Milei a reglamentar la norma antes del 4 de febrero, tras considerar inválida la suspensión de una ley ya promulgada.
Si bien la reglamentación ya está vigente, el sector denuncia una "insensibilidad" sistémica. Los puntos clave de la tensión son:
Centralización y Burocracia: La política de discapacidad ahora depende estrictamente del Ministerio de Salud, bajo un esquema que prioriza el control presupuestario.
Conversión de Pensiones: Existe incertidumbre sobre la transición automática de las pensiones no contributivas al nuevo régimen de "Protección Social", un proceso que implica verificaciones socioeconómicas que las familias temen se conviertan en recortes encubiertos.
Ajuste a recursos disponibles: El decreto advierte que cualquier acción con las provincias deberá ajustarse a la disponibilidad de caja, lo que para los manifestantes significa que los derechos conquistados en el Congreso quedan supeditados a la discrecionalidad de la billetera oficial.
"Nosotros venimos tranquilos a ver si el Presidente nos escucha, pero nos manda a la policía. A ella la empujaron, casi la tiraron", relató una mujer durante la protesta. El refuerzo de la seguridad tras los incidentes iniciales no hizo más que profundizar la distancia entre el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, que hoy ven en el Consejo Federal de Discapacidad y en las auditorías prometidas más una herramienta de fiscalización que de asistencia.
Mientras el Ejecutivo se aferra a la "preocupación fiscal" para justificar las demoras y el control sobre las prestaciones, en la calle el reclamo es por humanidad y el cumplimiento efectivo de los pagos que sostienen la vida diaria de miles de familias argentinas.
