Pese a que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prohibe toda privatización de los medios públicos, el Gobierno de la Ciudad a cargo de Jorge Macri publicó los pliegos para concesionar por cinco años el Canal de la Ciudad, Radio de la Ciudad (AM 1110) y La 2x4 (FM 92.7). Los trabajadores y trabajadoras no saben qué será de la continuidad de sus puestos laborales.
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A través de la Resolución 7/26, el Ejecutivo porteño oificializó el llamado a licitación para el gerenciamiento privado de los medios públicos con un esquema que consiste en una concesión por 60 meses. Las empresas que resulten ganadoras deberán pagar un canon base total estimado en:
$645.225.000 por la señal de televisión
$73.740.000 por las dos señales de radio (poco más de 1 millón de pesos por mes por las dos), siendo la FM 92.7 la primera y única dedicada íntegramente al tango.
A cambio, el privado tendrá la responsabilidad de diagramar la programación y proveer sus propios estudios con tecnología digital. No obstante, el pliego impone restricciones: se debe reservar un 30% de la grilla para contenidos institucionales y, en el caso de La 2x4, se debe mantener obligatoriamente el perfil dedicado al tango y la música popular.
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"No tiene sentido usar los recursos de los porteños para financiar lo que el sector privado puede hacer mejor y sin costarle un peso a los vecinos", justificó Jorge Macri, alineándose con la narrativa del "no hay plata" que impuso el sector de La Libertad Avanza en la Legislatura.
Rechazo de lxs trabajadorxs y plan de acción de la oposición
Luego de conocerse la noticia y de que quienes hacen los medios de la Ciudad se movilizaran para frenar la privatización de lo público, el bloque Fuerza Buenos Aires (peronismo), encabezado por Claudia Neira ya trabaja en un proyecto de ley para blindar la gestión estatal de los medios.
Por su parte, la legisladora Graciana Peñafort advirtió que la medida colisiona con la Ley Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual, que establece la "indelegabilidad de la explotación" de las licencias estatales.
Inconstitucionalidad
Desde el moderado gremio SUTECBA, en tanto, señalaron que el Artículo 47 de la Constitución de la CABA obliga al Estado a gestionar sus propios servicios de radiodifusión.
Se estima que son alrededor de 500 las personas que ven peligrar sus puestos laborales en los tres medios de comunicación. El pliego "concecionador" del GCBA deja en manos del privado el "proceso de reclutamiento", lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de la planta actual.
Por su parte, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), sostienen que los medios públicos son un patrimonio social y no un activo comercial descartable a tiro de un jefe comunal.
Acción de amparo
Este lunes, legisladores opositores en CABA y representantes gremiales presentaron ante la Justicia porteña una medida cautelar que frente el proceso licitatorio.