La reciente decisión judicial que benefició a Lázaro Báez y a su entorno se basa en la aplicación de la Ley de Inocencia Fiscal (Ley 27.799), sancionada a finales de 2025 y vigente desde enero de 2026.
Este beneficio llegó a través de la aplicación directa del principio de la ley penal más benigna.
Las claves del sobreseimiento de Lázaro Báez
1. El cambio en los umbrales de punibilidad
El punto central de la Ley de Inocencia Fiscal fue la actualización drástica de los montos mínimos necesarios para que una deuda con el fisco sea considerada un delito penal.
En el régimen anterior, los montos eran significativamente más bajos, lo que permitía que casi cualquier deuda millonaria terminara en juicio oral. Con la nueva ley, los límites quedaron definidos así:
Evasión Simple: El monto mínimo para ser perseguido penalmente pasó de $1.500.000 a $100.000.000 por tributo y por ejercicio fiscal.
Evasión Agravada: El umbral subió de $15.000.000 a $1.000.000.000.
2. El principio de la Ley Penal más Benigna
En el derecho argentino, cuando una ley cambia y establece condiciones más favorables para un imputado (como elevar el monto para que un acto sea considerado delito), dicha ley debe aplicarse de forma retroactiva. Esto significa que, aunque los hechos de Austral Construcciones ocurrieron entre 2010 y 2014, los jueces del Tribunal Oral Económico Nº 3 debieron evaluar esas deudas con los "anteojos" de la nueva ley de 2026. Si el monto evadido en ese entonces no llega a los $100 millones de hoy, el hecho deja de ser un delito penal y la causa debe cerrarse.
3. El análisis de los números de Austral Construcciones
El tribunal comparó las deudas imputadas a la empresa de Báez con el nuevo piso de $100 millones. El resultado fue que la mayoría de los años investigados quedaron "por debajo" del límite legal:
Solo el ejercicio 2012 superó el nuevo umbral de $100.000.000, por lo que es el único tramo de la causa que llegará a juicio oral.
4. Alcance del beneficio
El sobreseimiento no fue solo para Lázaro Báez, sino que por extensión benefició a sus hijos (Martín, Luciana y Leandro Báez, este último con sobreseimiento total). También a otros 11 imputados vinculados a la firma, incluyendo a Julio Mendoza y César Andrés.
