El Gobierno decidió encapsularse en una estrategia de negación frente al avance del caso Libra, aun cuando las pericias judiciales ya confirmaron comunicaciones entre Javier Milei y el empresario tecnológico Mauricio Novelli antes y después del lanzamiento de la criptomoneda que terminó en pérdidas millonarias para los inversores. En la Casa Rosada repiten como mantra que “no va a aparecer un dato que comprometa al Presidente”, mientras cierran filas en torno al jefe de Estado y evitan ofrecer explicaciones adicionales sobre el rol del entorno presidencial en el negocio.
Lejos de pasar inadvertida, la causa Libra se consolidó como el frente judicial más delicado para el oficialismo: el peritaje sobre el teléfono de Novelli detectó llamados y mensajes con Milei y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en plena etapa de gestación y promoción del criptoactivo. Pese a ese cuadro, en Balcarce 50 sostienen que el Presidente “no tuvo participación en el desarrollo ni en la operatoria financiera” del token y que las nuevas revelaciones “no modifican su situación judicial”.
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La respuesta política hasta ahora fue el silencio: funcionarios de primera línea se limitan a replicar la posición del jefe de Gabinete Manuel Adorni, quien pidió “dejar actuar a la Justicia” y dio por sentado que no emergerán pruebas comprometiendo a Milei. En privado, sin embargo, admiten que una eventual citación a indagatoria del Presidente o de su hermana sería “lo peor que les podría pasar” y reconocen que harán “todo lo que tengan a disposición” para evitar ese escenario.
Al mismo tiempo, la causa escaló en el terreno institucional: el diputado y querellante Juan Grabois reclamó que la investigación deje de estar solo en manos del fiscal Eduardo Taiano y pidió conformar un equipo de fiscales, al tiempo que denunció la ocultación de contratos y anexos periciales vinculados a los acuerdos entre Milei y el creador de la criptomoneda, Hayden Davis. Desde la querella señalan que la falta de acceso pleno al expediente vulnera el principio de igualdad de armas y ponen bajo sospecha la transparencia del Ministerio Público en un caso que ya salpica al corazón del poder político.
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En paralelo, el Presidente intenta correrse del escándalo refugiándose en la agenda económica y en sus habituales intervenciones públicas, donde vuelve a cuestionar el rol del Estado y a confrontar con sus críticos, mientras en el Congreso crecen los pedidos de informes y se agitan reclamos de mayor control institucional. La apuesta oficial es que el tiempo, la fragmentación judicial y el desgaste mediático licúen el impacto del caso Libra; pero la combinación de pericias, comunicaciones filtradas y sospechas sobre el funcionamiento de la fiscalía amenaza con convertir la negación en una carga cada vez más pesada para la Casa Rosada.
