El Ministerio de Defensa a cargo de Luis Petri, ingresó este jueves un polémico proyecto en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que plantea una reforma del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior y que permitirá, de aprobarse, que las Fuerzas Armadas puedan intervenir dentro del territorio ante actos definidos por las autoridades como "terroristas".
La presentación del proyecto de Petri se da en el marco de un contexto de duros cuestionamientos por parte de sectores de la oposición y organismos de derechos humanos, por las políticas de desfinanciamiento y descuido del sector. Sin ir más lejos, esta semana, organizaciones de derechos humanos se presentaron en los Tribunales de Comodoro Py para reclamar por la protección de los espacios de Memoria.
Además, la intervención de las Fuerzas Armadas en el plano civil representa un simbolismo muy delicado para buena parte de la población argentina, como consecuencia de la última dictadura cívico militar encabezada en 1976, en la cual se cometieron delitos de lesa humanidad.
En rueda de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni indicó ayer que "el Ministerio de Defensa envió al Congreso un proyecto de ley para permitir la participación de las Fuerzas Armadas ante hechos terroristas".
Sin profundizar respecto a qué concepto tiene el Gobierno de actos terroristas (aunque tras la protesta social contra la Ley Bases otorgaron esa calificación a quienes fueron a reclamar y terminaron detenidos en los alrededores del Congreso), Adorni añadió: "Se plantea la modificación del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior con el fin de incorporar una nueva opción de empleo militar a pedido de un comité de crisis".
En este sentido, precisó que "se propone que las Fuerzas trabajen de forma coordinada con las fuerzas de seguridad para enfrentar el terrorismo con acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas", tras lo cual aclaró que se prevén estas intervenciones "por tiempo limitado y que puedan detener en flagrancia".
La ley de Seguridad Interior, en su actual versión, admite el despliegue de unidades militares en seguridad interna pero únicamente bajo declaración de estado de sitio, en presencia de circunstancias excepcionales de extrema gravedad y conmoción.
La reforma que impulsa Petri, que también tiene el aval de su par de Seguridad, Patricia Bullrich, busca eludir esta obligación de declarar el estado de sitio, aunque supedita la actuación militar a un pedido expreso de un comité de crisis que es el que debe definir como acción terrorista a los hechos que producen conmoción interna en el territorio.
Además se dispone que el patrullaje de fuerzas militares deba estar coordinado con las fuerzas federales de seguridad, y que la presencia de las Fuerzas Armadas sea el resultado de un pedido expreso del gobernador de un distrito.
Se trata de la misma lógica con la que hoy en día se autorizan los operativos de fuerzas de seguridad federales en una provincia: tiene que pedirlos previamente el gobernador.
En el hipotético caso de que se decida el despliegue de fuerzas armadas en un territorio, las unidades militares deberán reportar sus acciones inmediatamente al fiscal competente, de la misma forma que sucede con los operativos de seguridad realizados por la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura o la PSA.
