Un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas denunció la desaparición en Uruguay de niños, niñas y adolescentes tras su permanencia en instituciones de protección estatales, así como de mujeres, por la acción de redes de trata y explotación sexual, y consideró que el Estado tiene “una deuda histórica” en materia de derechos humanos, entre ellas la falta de las llamadas “medidas de reparación” a las víctimas y "una investigación eficaz de estos casos".
La delegación, perteneciente al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, terminó ayer su tarea en Uruguay y difundió hoy su informe final, en el que llamó al Estado uruguayo a acabar definitivamente con la impunidad de violadores a los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985).
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Los expertos se reunieron con autoridades de organismos del Estado, legisladores, representantes de asociaciones de familiares y víctimas de desapariciones forzadas y organizaciones de la sociedad civil.
"El Grupo de Trabajo ha recibido información relacionada con desapariciones de niños, niñas y adolescentes tras su estadía en centros de protección estatales, así como (sobre) desapariciones de mujeres y niñas posiblemente relacionadas con situaciones de explotación sexual y trata", afirma el documento, sin especificar casos.
Denunció además la existencia de "un clima de estigmatización y una ausencia de medidas preventivas, mecanismos de búsqueda y políticas dirigidas específicamente a este grupo de personas y a la investigación eficaz de estos casos", así como una falta de acceso de los familiares de las víctimas a la justicia.
Respecto a las desapariciones de personas durante la dictadura militar, lamentó la falta de avances en el esclarecimiento de la verdad sobre lo sucedido y el castigo a los culpables de los hechos. "Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad y revierta inmediatamente" ese estado de cosas, indicó en sus observaciones preliminares, según la agencia de noticias AFP.
De acuerdo a organizaciones de defensa de los derechos humanos, más de 200 ciudadanos uruguayos desaparecieron en el territorio nacional y en países vecinos en el marco del llamado Plan Cóndor, que coordinó la represión en la región. "Es urgente una política de Estado (…) que rompa el silencio y contribuya a mejorar la recolección de información tanto de fuentes humanas como documentales", subrayó la delegación, que recomendó un acceso irrestricto a los archivos oficiales.
Para el grupo, el Estado “tiene una deuda histórica pendiente desde hace casi cinco décadas y debe asumirla como una tarea impostergable y poner fin al sufrimiento y a la angustia que han acompañado a miles de personas durante décadas y que ahora, en algunos casos, debido a su edad avanzada, también deben lidiar con el miedo de morir sin que sus derechos hayan sido garantizados”.
Es un “imperativo que el Estado asuma como suyo el apremio vivido a cada instante de los últimos 50 años por parte de los familiares y que desde las más altas instancias del Estado llegue a todas las autoridades y a toda la sociedad uruguaya un mensaje claro e inequívoco de que esta tarea debe asumirse colectivamente con seriedad, proactividad y urgencia”, remarcó el informe.
Saludó por otra parte "la valentía y la lucha incansable de las víctimas, sus familiares y sus representantes por encontrar a las personas desaparecidas, asegurar la justicia y luchar contra la impunidad", así como la labor realizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos.
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La delegación de la ONU reseñó que la Declaración de 1992 exige que el Estado garantice a las víctimas de desapariciones forzadas un recurso efectivo que implique la investigación de oficio seria e imparcial de las desapariciones forzadas, a fin de identificar a los presuntos responsables e imponerles las sanciones que puedan corresponder.
El Grupo de Trabajo también visitó el Memorial de los Detenidos-Desaparecidos del Cerro de Montevideo, el Museo de la Memoria, la ex sede del Servicio de Información de Defensa, y los sitios de memoria de exPenal de Punta Carretas, Toledo y La Tablada, reseñó el sitio de GrupoMultimedio. El documento será presentado ante la 54ta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en septiembre de 2023 en Ginebra.
