Las organizaciones Techo Argentina, Hábitat para la Humanidad, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reclamaron hoy la continuidad de las políticas de integración sociourbana de barrios populares y plantearon que "es fundamental sostener e incluso ampliar" el financiamiento de esos programas porque, "de lo contrario, solo se agravará la situación de un amplio sector de la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad".
? Fondo fiduciario para la Integración Socio Urbana
— CELS (@CELS_Argentina) February 22, 2024
Hace 7 años existe una política estatal que busca mejorar la vida de más de 5 millones de personas en barrios populares. Fue impulsada por organizaciones y adoptada durante dos gobiernos.?https://t.co/QYGZ3Tz1wV
Así lo expresaron a través de un comunicado de prensa conjunto en el que destacaron además el "amplio consenso" que esta política de Estado tiene en todo el arco político, tras recordar que fue una iniciativa surgida durante la gestión presidencial de Mauricio Macri a la que luego se le dio continuidad y se profundizó durante el Gobierno de Alberto Fernández.
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"El Fondo para la Integración Socio Urbana es la fuente de financiamiento de una política de Estado que trascendió a dos gestiones, tuvo amplio consenso en el Congreso de la Nación para su creación a través de la Ley 27.453 y ha tenido reconocimientos de organismos locales e internacionales. Su desfinanciamiento pone en riesgo el desarrollo de políticas públicas destinadas a más de 5 millones personas en el país", advirtieron las cuatro organizaciones de la sociedad civil en el comunicado.
En este sentido, plantearon como "fundamental sostener e incluso ampliar el financiamiento de estas políticas públicas" y señalaron que, "de lo contrario, sólo se agravará la situación de un amplio sector de la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad". De esta forma, hicieron referencia a la decisión del Gobierno de eliminar fondos fiduciarios por US$ 2.000 millones con el objetivo de avanzar "contra todas las cajas de la política".
En este sentido, recordaron que en 2016, durante la gestión de Macri, organizaciones sociales, civiles y eclesiásticas realizaron "el primer relevamiento de barrios populares de la Argentina que posteriormente obtuvo el nombre de Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap)".
Aquel registro, actualizado en 2022 y 2023, revelan que existen al menos 6.467 villas y asentamientos en todo el país en las que viven unas 5 millones de personas.
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En 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, el Congreso Nacional respaldó este proceso a través de la aprobación por unanimidad de la ley 27.453 que creó el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, que tiene como objetivo "garantizar los derechos de las personas que viven en los barrios incluidos en el Renabap"
Esa ley oficializó "el registro de barrios populares y los declara de utilidad pública y sujetos a expropiación y dispone de un fideicomiso para financiar todas las actividades necesarias para llevar a cabo la integración socio urbana".
Además, define que al menos "el 25% de las obras de integración sean realizadas por cooperativas de trabajo; y prohíbe desalojos por un período de cuatro años en todos los barrios incluidos en el Renabap desde su entrada en vigencia".
A través de un decreto reglamentario de esa norma, se creó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), con el objetivo de financiar las obras destinadas a la integración de los barrios, recordaron las ONGs.
"Desde el año 2021 se destina un 9% del Impuesto País para financiar este fondo, que se reforzó con un 15% de lo recaudado por el Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas", recordó el comunicado.
De acuerdo con datos oficiales y evaluaciones externas, las obras ejecutadas a través de este programa abarcan más de 1.200 proyectos en más de 300 municipios, y a junio de 2023 estaban en ejecución casi 20.000 nuevos lotes con servicios y alrededor de 250.000 mejoras de vivienda destinadas a mujeres a través del programa "Mi Pieza".
Para las organizaciones, estas intervenciones han "facilitado el acceso a infraestructura de servicios públicos y el mejoramiento habitacional en los barrios populares".
