El presidente Javier Milei volvió a confrontar con la universidad pública un día después de que estudiantes, docentes, rectores y ciudadanos llenaran la Plaza de Mayo en reclamo por el freno a la destrucción de la educación. El mandatario no tuvo mejor idea que apelar a las redes sociales para comparar su sueldo con el de los rectores universitarios.
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Según la publicación que difundió Milei (que no tiene gastos de ningún tipo desde que asumió el poder), él percibe cerca de 4 millones de pesos brutos mensuales, mientras que algunos rectores llegarían a cobrar “hasta cuatro veces más”, es decir, alrededor de 18 millones, planteo con el que intenta instalar la idea de una dirigencia académica sobrerremunerada y desconectada de la realidad.
Milei usó este cuadro salarial como argumento político para cuestionar la legitimidad del reclamo universitario y reforzar el discurso oficial de que detrás de la protesta hay intereses partidarios antes que una crisis de financiamiento. En sus mensajes, volvió a acusar a la oposición de “usar la universidad” como bandera para proteger “sus cajas”, señalando a los dirigentes que acompañaron la marcha como beneficiarios de un sistema que, según él, se resiste a perder privilegios.
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No gasta un peso
La comparación que hace el Presidente, sin embargo, omite un dato central del contexto: desde que asumió el poder, Milei no afronta de su bolsillo gastos estructurales de vivienda, seguridad, traslados oficiales, viáticos y la mayor parte de los costos de funcionamiento de su actividad, todos cubiertos por el Estado nacional como parte de las prerrogativas del cargo. Es decir, su salario presidencial opera prácticamente como ingreso disponible, mientras que rectores, docentes y trabajadores universitarios deben sostener con sus ingresos no solo su vida cotidiana sino, en muchos casos, parte de los costos asociados a su trabajo (traslados, alquiler o créditos, manutención familiar).
La ofensiva discursiva de Milei se inscribe, además, en una estrategia más amplia del Gobierno frente al conflicto universitario: mientras el oficialismo insiste en que se cumplen las transferencias presupuestarias y niega un ajuste deliberado, los rectores, la comunidad académica y amplios sectores sociales denuncian un recorte que pone en riesgo el funcionamiento de las casas de estudio y que fue el detonante de la masiva Marcha Federal Universitaria. En ese cruce, el uso del salario presidencial como vara comparativa aparece menos como un gesto de transparencia y más como un recurso político para desacreditar a quienes encabezan el reclamo por más financiamiento educativo.
