El Gobierno porteño ratificó esta tarde la denuncia penal presentada para que se investiguen los "hechos de violencia" ocurridos el viernes pasado durante la represión policial en el tratamiento de la Ley "Bases" en el Congreso. Además, entregó documentación para identificar a las personas y organizaciones que cometieron "ilícitos" durante las protestas.
"El mensaje para todos aquellos que vienen a romper es que nosotros los vamos a perseguir con todas las herramientas que tenemos dentro de la ley en conjunto con las instituciones que componen el marco democrático. Vamos a tratar que sean condenados por los delitos que están cometiendo", aseguró el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, junto a su par de Justicia, Gabino Tapia, desde la puerta de la fiscalía penal a cargo de Tomás Vaccarezza.
En declaraciones a la prensa, el ministro sostuvo que se acercó a ratificar la denuncia y entregar "documentos" con imágenes "donde se ven más claras las caras de las personas" a las que acusan de cometer ilícitos, en el marco de las protestas y luego de un pedido realizado por parte de la fiscalía.
"Hay que identificar a las personas y ver si hay algún hilo conductor con una preparación para romper o si pertenecen a alguna organización social. Hay organizaciones sociales que cumplen con su rol y objetivos, pero el que viene a romper no viene con ningún rol social", añadió Wolff.
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Tapia, por su parte, sostuvo que "el objetivo principal es que los hechos no queden en lo que ocurrió ese día, sino que haya una investigación más de fondo" para que el Ejecutivo porteño pueda "recuperar el orden, la vía pública sin impedir que la gente que quiera pueda manifestarse".
"El derecho de unos empieza donde termina los del otro", sostuvo Tapia, repitiendo aquella frase que tanto aprecio tienen los funcionarios libertarios. "Esa es la intención de ratificar la denuncia, seguir trabajando con la Justicia para identificar a las personas a título individual como las organizaciones sociales que puedan estar llegando a estar dándole volumen e incentivo a todo esto", señaló y precisó que hay "dos procesos independientes" en curso.
"Uno es la investigación del delito en la vía pública para que se hagan cargo de eso en el marco de la ley penal. Otro es buscar la reparación del daño de aquellos que lo cometieron por vía civil. Estamos recopilando todo el material", afirmó Tapia.
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La denuncia penal que promovió la Ciudad se inscribe en el marco de la línea de acción que impulsa el jefe de Gobierno, Jorge Macri, para "poner fin a la violencia y a las acciones extorsivas por parte de quienes obstruyan la circulación en las calles o provoquen daños al patrimonio público y al mobiliario urbano".
"La limpieza, reparación y ordenamiento de la zona afectada por los violentos en la manifestación implica un costo para la Ciudad de $106.890.000. Vamos a hacerles pagar este costo a aquellos vándalos y delincuentes que destruyeron el mobiliario urbano que es de todos", había advertido Macri, según informaron desde el Gobierno porteño.
