El empresario Augusto Marini, titular de Cale Group Media S.A. y vinculado a los proyectos de streaming Blender y Carajo, se presentó con la oferta económica más alta para adueñarse del Canal de la Ciudad de Buenos Aires, puesto en "licitación" por el gobierno de Jorge Macri al igual que las frecuencias AM 1110 La Once Diez y FM 92.7 La 2x4. Sin embargo, para las radios públicas de la Ciudad no hubo ofertantes hasta el momento.
"Contra el vaciamiento cultural" de Jorge Macri en la Ciudad
La privatización encubierta que busca Jorge Macri es por cinco años, con un canon mensual de 50 millones de pesos, muy por encima de la propuesta de Argentinos Media S.A. Oriundo de General Las Heras, Marini lidera un holding diversificado en medios digitales, agro, tecnología y salud, y consolidó vínculos políticos con el oficialismo nacional a través del espacio “Las Fuerzas del Cielo” y del medio Carajo, donde participaron en entrevistas el presidente Javier Milei y su vocero Manuel Adorni.
El proceso de privatización de los medios públicos de la Ciudad se canaliza mediante una licitación para concesionar el gerenciamiento operativo del Canal de la Ciudad y las radios AM 1110 y FM 92.7, bajo el argumento oficial de reducir costos para el Estado y “modernizar” la gestión. Sin embargo, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) advirtió que la iniciativa podría chocar con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuyo artículo 44 establece que las licencias audiovisuales son indelegables y no pueden ser explotadas por terceros privados mediante este tipo de esquemas. A través de resoluciones recientes, el organismo nacional incluso “blindó” la estructura de los medios porteños, prohibiendo su privatización o transferencia y ordenando suspender la licitación en curso.
Problemas legales
Pese a las advertencias, la administración de Jorge Macri ratificó su decisión de avanzar con el proceso, sosteniendo que la gestión privada del canal y las radios no implica renunciar a las licencias sino tercerizar la operación, un enfoque que para la Ciudad se encuadra en la normativa vigente. En paralelo, la Legislatura porteña trató proyectos vinculados a la privatización o concesión de estos medios, mientras la oposición y sectores académicos cuestionan que se intente modificar de hecho el carácter público del sistema de medios de la Ciudad sin un amplio consenso político y social. El conflicto anticipa una disputa institucional entre el gobierno porteño y el ENACOM que podría terminar judicializada, con impacto directo sobre el mapa de medios de Buenos Aires.
En este contexto, la figura del empresario Marini, que no tiene problema en manejar una radio de ultraderecha como Carajo y una filoperonista como Blender, aparece como símbolo de un nuevo modelo de negocios donde streaming, política y gestión de medios estatales comienzan a entrelazarse.
La pelea de los y las trabajadoras de los medios públicos
La resistencia al proceso se organizó tanto en el plano institucional como en la calle: legisladores opositores presentaron amparos judiciales para frenar la concesión, mientras sindicatos de prensa y trabajadores del Canal de la Ciudad y las radios porteñas impulsan campañas públicas bajo la consigna de que “los medios públicos no se venden”. Denuncian que una concesión por cinco años implica, en los hechos, un vaciamiento del rol estatal y un posible recorte de fuentes laborales, además de condicionar la línea editorial a los intereses del concesionario. También reclaman que cualquier reforma estructural del sistema de medios de la Ciudad se discuta en audiencias públicas y con participación ciudadana.
Desde el Gobierno nacional, el ENACOM reforzó su posición con una resolución que ordena a la Ciudad abstenerse de avanzar con la licitación bajo amenaza de sanciones, al considerar que el esquema de concesión viola el espíritu de la ley audiovisual. Esta decisión tensiona aún más la relación entre la Casa Rosada y la Jefatura de Gobierno porteña, en un contexto en el que el presidente Javier Milei impulsa a nivel nacional una política de fuerte reducción del Estado pero ahora enfrenta límites regulatorios en el ámbito de la comunicación. El desenlace del caso será clave para definir hasta dónde pueden llegar las provincias y ciudades en la tercerización de sus medios públicos.
