El gobierno de Javier Milei parece tener decidido que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) pierda todo su poder de contralor. El desmantelamiento del Estado continúa en esa entidad y, ante la inminencia de una nueva ola de despidos arbitrarios y un vaciamiento operativo que paraliza el organismo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una medida de fuerza inédita: un "paro a la japonesa".
La estrategia de ATE busca profundizar la actividad: los trabajadores atenderán los reclamos en la puerta del edificio y acelerarán los expedientes cajoneados, exponiendo por contraste la inacción deliberada de la cúpula directiva.
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El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue tajante al calificar la gestión del superintendente Claudio Stivelman como un despliegue de "conductas delictivas". Según el dirigente, existe una intención política de frenar las tramitaciones para dejar a los usuarios a merced de las prepagas. "Intentan vaciar el organismo para evitar controlar a las empresas de medicina privada. No hay dudas de que se están favoreciendo negocios multimillonarios a cambio de la desprotección de los pacientes", disparó Aguiar tras la asamblea que definió la protesta para este viernes 20 de marzo.
La denuncia gremial apunta a una parálisis selectiva de la fiscalización. El sindicato sostiene que la SSS funciona hoy como una aduana de expedientes donde se "cajonean" los reclamos de los usuarios mientras se flexibilizan los controles sobre los grandes jugadores del mercado de salud. Esta omisión de funciones no solo afecta la estabilidad laboral de los estatales, sino que impacta directamente en el derecho a la vida, permitiendo que las prepagas operen sin el contrapeso regulatorio que la ley exige.
Uno de los puntos más críticos de la acusación refiere a la discrecionalidad en las sanciones. Desde ATE advierten que el organismo actúa con una dureza ejemplificadora contra las obras sociales pequeñas, buscando su asfixia y eventual extinción, mientras "mira para otro lado" ante incumplimientos groseros de las corporaciones médicas. A esto se suma la implementación de sistemas como "PROMESA", una mediación prejudicial que, lejos de agilizar procesos, trasladaría los costos de los conflictos a los beneficiarios, fomentando una judicialización que solo pueden costear los sectores más pudientes.
La trama de irregularidades se extiende también a la connivencia con prácticas discriminatorias dentro del propio sector público. El gremio denunció que la obra social Unión Personal aplica coseguros diferenciados e ilegales a trabajadores estatales que no están afiliados a UPCN, violando de forma flagrante el Plan Médico Obligatorio (PMO). "Están permitiendo el cobro de plus y aranceles que son ilegales. Están jugando con la salud y la gente se está muriendo", enfatizó Aguiar, quien exigió responsabilidades penales para los funcionarios responsables de este desfasaje preventivo.
