Organismos de derechos humanos denunciaron el desmantelamiento del equipo civil de relevamiento de archivos de las fuerzas armadas, que ha generado grandes aportes para esclarecer y juzgar delitos de lesa humanidad, informó Somos Télam.
En un comunicado titulado “Conocer la verdad requiere el acceso a los archivos”, las organizaciones Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) e H.I.J.O.S. Capital, expresaron su "rechazo al desmantelamiento del Grupo de Trabajo sobre Archivos de las Fuerzas Armadas, creado por la resolución ministerial 308/2010, que establece, además, el acceso irrestricto a las dependencias donde están los archivos de cada Fuerza”.
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Los organismos explicaron que estos equipos “realizaron aportes fundamentales para esclarecer y juzgar delitos de lesa humanidad” y consideraron que la decisión del Ministerio de Defensa -que encabeza Luis Petri- “busca obstaculizar el proceso de justicia y de averiguación de la verdad”.
“Retirar estos equipos civiles y profesionales resulta aún más preocupante dado que la conducción del Ministerio de Defensa está ahora en gran parte a cargo de militares retirados y las máximas autoridades políticas consideran que la investigación del rol de las Fuerzas Armadas durante la dictadura es una forma de hostigamiento y estigmatización”; indicaron en el texto.
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Es urgente que se tomen medidas de preservación de esa documentación para sostener el trabajo en materia de memoria, verdad y justicia”.
Además, sostuvieron que “mientras cierra un área que ha aportado a la reconstrucción de la verdad, el Gobierno nacional cuestiona la caracterización que los organismos de derechos humanos, la Conadep, el Poder Judicial y otros gobiernos han construido rigurosamente desde tiempos de la dictadura y sostenido luego en democracia”.
“¿Dónde están los desaparecidos, qué hicieron con ellos?; ¿dónde están los 300 nietos y nietas que aún buscamos? La verdad que todavía nos falta depende en gran parte del acceso a los archivos y documentos: es urgente que se tomen medidas de preservación de esa documentación para sostener el trabajo en materia de memoria, verdad y justicia”, dijeron los organismos en el comunicado.
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Señalaron asimismo que “el vaciamiento de este equipo se da en medio de una ola de despidos masivos en el Estado” y agregaron: “Miles de trabajadores y trabajadoras, junto a sus familias, se quedan sin ingresos. Como en otras áreas, en este caso del equipo de archivistas del Ministerio de Defensa, los despidos implican además la pérdida de recursos técnicos y conocimientos valiosos, y ponen en riesgo políticas públicas centrales para el acceso a derechos”.
“Seguiremos exigiendo el acceso a los archivos y la defensa de las políticas públicas que garantizan los procesos de memoria verdad y Justicia y los derechos humanos”, concluye el texto.