El diputado nacional del Frente de Todos por Córdoba, Eduardo Fernández, presentó esta mañana un proyecto que busca incorporar al Código Penal un régimen sancionatorio del negacionismo y apología respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad, que establece la capacitación obligatoria de funcionarios públicos en materia de derechos humanos y genocidio y contempla prisión de hasta 2 años para la gente sin cargos públicos.
El acto de presentación de la iniciativa se realizó en el Salón Blanco de la cámara baja, y contó con la presencia del jefe del bloque de diputados nacionales del FDT, Germán Martínez, y el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller, y referentes de organizaciones de derechos humanos y estudiantiles.
Se trata de un proyecto que reproduce el texto presentado por primera vez ante la Cámara de Diputados en 2021, en el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida que cumple el país en diciembre.
Según explicó el diputado, el proyecto "tiene por objetivo incorporar al Código Penal un régimen sancionatorio del negacionismo histórico respecto al terrorismo de Estado, genocidio y delitos de lesa humanidad, así como de su apología, actualizando nuestra normativa a lo que nuestra Constitución, nuestra jurisprudencia y los tratados internacionales que nuestro país ha ratificado con rango constitucional".
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Hoy a las 11 voy a presentar públicamente el Proyecto de Ley de sanción penal de negacionismo y/o apología respecto a genocidio y crímenes de lesa humanidad en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados de la Nación.
— Eduardo Fernández (@dipedufernandez) March 14, 2023
Hilo
En los fundamentos del proyecto, Fernández alertó sobre el "ascenso en toda la región de las expresiones de odio, de desprecio por la vida y de denostación de las luchas históricas, de rechazo a las políticas institucionales, acuerdos sociales a los que hemos histórica y comunitariamente arribado, que no sólo deben ser protegidos, respaldados y honrados cotidiana y éticamente, sino enfáticamente promovidos y defendidos por quienes tienen a su cargo responsabilidades de gestión de lo público".
En Mestiza Rock, en el programa "El aguante", el diputado se explayó sobre lo que el proyecto implicaría:
"Quienes tenemos responsabilidad legislativa tenemos que analizar cuánto hemos avanzado respecto a cuestiones que tenemos pendientes, porque tenemos todavía una pequeña deuda con los sectores que han hecho este esfuerzo", declaró.
"Estamos observando que tanto en Argentina como en el mundo se niegan o se reivindican los crímenes de Estado, el terrorismo de Estado... entonces es necesario incluir en la Ley Penal, como lo hago a través de este proyecto, una sanción a esa conducta pública. Cuando el delito lo cometiese un funcionario público constituiría un agravante, que tendría como consecuencia la destituición e inhabilitación del cargo. Luego ese funcionario se someterá a la capacitación en derechos humanos dentro de los dos años de ocurrida la penalidad".
"Estamos observando que tanto en Argentina como en el mundo se niegan o se reivindican los crímenes de Estado, el terrorismo de Estado...
Respecto al común de la población, para aquellas personas que no son funcionarios, "se contempla penalizar con prisión de 6 meses a 2 años y una multa pecuniaria", detalló Fernández.
Al respecto, el proyecto establece la capacitación obligatoria para funcionarios y funcionarias públicas en materia de Derechos Humanos, genocidio y delitos de lesa humanidad para quienes sean sancionados por incurrir en delitos de negacionismo, a quiénes se les aplicará el Artículo 248 del Código Penal, respecto a abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, para todas las jerarquías y jurisdicciones.
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