Organismos de Derechos Humanos y referentes políticos y sindicales criticaron la "complicidad" del Poder Judicial, que "garantizó la impunidad" de Carlos Blaquier "hasta el día de su muerte", sin haber afrontado un juicio por crímenes de lesa humanidad por los que fue acusado.
Blaquier, presidente de la azucarera Ledesma y fallecido este lunes en Buenos Aires, fue formalmente denunciado por crímenes de lesa humanidad cometidos en Jujuy durante la última dictadura cívico-militar.
La principal causa en su contra es conocida como "La Noche de los Apagones", en la que se le acusó de cortar el suministro eléctrico en varias poblaciones de la provincia para facilitar una operación represiva que terminó con cientos de secuestros y decenas de desaparecidos.
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"La muerte impune del dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Blaquier, deja nuevamente en evidencia la responsabilidad del Poder Judicial en las graves demoras que impidieron que el empresario sea juzgado por crímenes de lesa humanidad", expresó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti en su cuenta de Twitter.
El funcionario señaló que "la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvieron un rol central en las dilaciones que paralizaron durante ocho años las causas en su contra por la privación ilegal de la libertad de personas durante la última dictadura cívico-militar".
Y aseguró que esto "provocó un daño irreparable y dejó a las víctimas, a sus familiares y a toda la sociedad sin justicia por la responsabilidad de Blaquier en esos crímenes".
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En ese sentido, afirmó que es "indispensable que se avance de manera urgente en el juicio contra Alberto Lemos, administrador del Ingenio durante la dictadura, lo que permitirá esclarecer especialmente la responsabilidad que tuvo la empresa en la represión ilegal".
Por su parte, el expresidente Mauricio Macri expresó sus "condolencias y cariño a la familia Blaquier por la muerte de Don Carlos Pedro".
"Fue de los empresarios más importantes del país. Presidió por más de 43 años el primer ingenio azucarero de la Argentina y fue uno de los referentes de la agroindustria", agregó en Twitter.
Blaquier estuvo vinculado en lo que se conoció como "La Noche del Apagón", entre el 20 y el 27 de julio de 1976, en los inicios de la dictadura que encabezó Jorge Rafael Videla, en las que se estima hubo unas 400 personas secuestradas, de las cuales 55 aún continúan desaparecidas.
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La Asociación Madres de Plaza de Mayo expresó "nuestra más profunda decepción con el Poder Judicial ante la muerte del empresario Carlos Blaquier, cómplice de la dictadura".
"Nos parece inaceptable que hasta el día de hoy continúen en sus cargos algunos ministros de la Corte, magistrados, y funcionarios del Poder Judicial que jamás avanzaron siquiera en sentar en el banco de los acusados a tamaño acusado por delitos de lesa humanidad en Jujuy", escribieron en su cuenta de Twitter.
Así mismo, HIJOS Capital señaló que "el empresario partícipe del terrorismo de Estado" murió "sin condena judicial, pero con el repudio popular", aunque "beneficiado sistemáticamente por la corporación judicial".
"Cuando un genocida o partícipe civil no es juzgado, la impunidad es política y/o judicial", afirmaron e indicaron "acá nadie se olvida. Acá nadie perdona".
Y expresaron: "La impunidad implica un proceso de revicitmización para sobrevivientes, testigos y familiares. Pero también un daño a la sociedad en su conjunto porque atenta contra las herramientas de no repetición de los crímenes contra la humanidad".
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) repudió que Blaquier haya muerto sin ser juzgado y pidió que "finalmente se realice el juicio oral al ex administrador del ingenio, Alberto Lemos, imputado por delitos de lesa humanidad contra trabajadores y militantes de Ledesma, Libertador General San Martín y Calilegua".
Por su parte, el diputado nacional del Frente de Todos y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, denunció que "su complicidad con la dictadura cívico militar nunca pudo ser juzgada porque la mafia judicial lo protegió una y otra vez".
"El pueblo no olvida", agregó.
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La diputada por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, aseguró que Blaquier es "ejemplo de los grandes empresarios que participaron y se beneficiaron del golpe genocida, de los que llegaron a tener centros clandestinos en sus empresas, un hecho aberrante que se ha tratado de borrar de la historia reciente".
"La impunidad de la que gozaba Blaquier era tanta que cuando denuncié en la Cámara de Diputados el rol de su empresa Ledesma en la dictadura cívico militar, me mandó una carta documento amenazante", recordó.
El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, indicó: "Murió cobarde e impune el genocida Blaquier. Impunidad sostenida por las mafias enquistadas en el poder judicial que aún hoy protege a quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron a nuestros compañeros y compañeras".
Por su parte, organismos jujeños de DDHH y organizaciones sociales expresaron su “desesperanza y descreimiento” en el Poder Judicial, el cual “actuó a favor” del dueño del Ingenio Ledesma, quien “siempre consiguió la impunidad”, en las causas por delitos de lesa humanidad que se le siguieron en la provincia de Jujuy.
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Alejandro "Coco" Garfagnini , coordinador nacional de la Organización Barrial Túpac Amaru, dijo a la agencia Télam: "Blaquier murió a los 96 años. Murió impune gracias a los jueces de Casación Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. La justicia tarda, pero tarda en serio. Y el pueblo no olvida."
“Tenemos desesperanza y descreimiento de este Poder Judicial porque si bien hemos avanzado con los juicios de lesa humanidad y se consiguieron sentencias ejemplificadoras para genocidas, sabíamos que el poder económico representado en Carlos Blaquier iba a impedir enjuiciarlo y condenarlo”, dijo Oscar Alfaro, víctima de la Noche del Apagón.
El activista por los derechos humanos consideró que “los empleados de Blaquier son los que hoy están en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y esa es la razón de cómo consiguió la impunidad que buscaba”.
A su vez, Inés Peña, referente de la Asociación Madres y Familiares de detenidos-desaparecidos de Jujuy, afirmó que “la Justicia favoreció a este genocida”, pero “jamás olvidaremos a los más de 400 compañeros víctimas del terrorista de estado, ni las huellas de las camionetas con el logo de la empresa Ledesma en el que fueron transportados a las cárceles clandestinas durante la última dictadura cívico militar eclesiástica”.
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“Obreros empleados y trabajadores de la caña y de los surcos fueron torturados vejados y humillados por ser militantes del campo popular y denunciaban la riqueza monstruosa de la empresa”, recordó en diálogo con esta agencia.
Por su parte el Centro de Acción Popular Olga Márquez Aredez (Capoma), publicó en sus redes sociales: “Se fue con la impunidad biológica, pero el mundo sabe que fue parte responsable del secuestro y desaparición de muchas y muchos. Esto no es el fin, aún nos falta, Lemos y muchos más”.
También el movimiento político y popular AJÍ, señaló que “décadas de complicidad empresarial bajo la dirección de Blaquier se valió un tiempo con la leyenda popular de ‘El Familiar’, así persiguió, secuestró y desapareció aproximadamente 400 trabajadores y familiares de la empresa”.
La legisladora porteña y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura, Victoria Montenegro; el secretario adjunto de la CTA, Daniel Catalano; ATE Capital; los dirigentes de izquierda Gabriel Solano y Romina del Pla; también sumaron su repudio en redes sociales.
