La Corte analiza forzar al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

Los mandamás de la Corte Suprema de Justicia de la Nación han sincronizado siempre con el timing político de la época. Con ese escenario conceptual de fondo, los Supremos barajan una posibilidad que daría un golpe fuerte a los intereses político-culturales-ideológicos de Javier Milei: forzar al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

Milei, que no tiene gastos, comparó su sueldo con el de los rectores de las universidades

En los hechos, lo que tienen que hacer los ministros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, es resolver si obligan al Presidente a cumplir con la ley que aporta fondos a las casas de altos estudios.

Una frase del interior de los tribunales, citada por una periodista de judiciales, resume la situación por estas horas: “Cualquier gobierno tiene que saber que, en la Justicia, la ley de gravedad funciona al revés: todo lo pesado sube”.

Qué supone el cumplimiento de la ley

Si la Corte Suprema falla a favor de la constitucionalidad y aplicación inmediata de la ley, el Gobierno se vería forzado a reasignar partidas de forma urgente o enfrentar sanciones por incumplimiento de una orden del máximo tribunal, en un clima de alta tensión social tras la reciente Marcha Federal Universitaria.

1. Recomposición y Actualización Salarial

El punto más crítico para el Gobierno es la exigencia de recomponer los salarios de docentes y no docentes, que han registrado una pérdida del poder adquisitivo cercana al 34% desde noviembre de 2023. Cumplir la ley significaría:

• Ajuste por inflación: Indexar mensualmente los salarios según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

• Recuperación retroactiva: Destinar fondos adicionales para cerrar la brecha salarial que hoy sitúa a los sueldos universitarios en sus niveles más bajos de las últimas dos décadas.

Una multitud se plantó ante la Casa Rosada en la Cuarta Marcha Federal Universitaria

2. Gastos de Funcionamiento y Salud

La ley exige que los fondos para el mantenimiento de edificios, servicios básicos (luz, gas, agua) e insumos de investigación se actualicen bimestralmente por inflación. Esto es vital para los hospitales universitarios (como el Hospital de Clínicas), cuya ejecución presupuestaria en el primer cuatrimestre de 2026 fue apenas del 9,3%, provocando una crisis operativa sin precedentes. Su cumplimiento obligaría a triplicar las transferencias actuales para estas áreas sensibles.

3. El Desafío del "Equilibrio Fiscal"

Desde el punto de vista macroeconómico, el cumplimiento de la ley representa un desafío directo al dogma del déficit cero. Según estimaciones técnicas, mientras el presupuesto vigente para 2026 es de aproximadamente $4,8 billones, la plena aplicación de la ley requeriría elevar esa cifra a cerca de $8,4 billones para recuperar los valores reales de 2023.

El dilema judicial: Mientras el Gobierno argumenta que la ley no especifica de dónde saldrán los recursos (violando la Ley de Administración Financiera), las universidades y la oposición sostienen que existen partidas alternativas, como el aumento presupuestario en inteligencia o las rebajas impositivas a sectores de altos ingresos, que podrían cubrir el bache si hubiera voluntad política.