Las políticas migratorias de la administración de Donald Trump provocaron un derrumbe casi total de las green cards otorgadas a ciudadanos cubanos y, en paralelo, un fuerte salto en los arrestos por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos, de acuerdo con un análisis del Instituto Cato, un think tank libertario con sede en Washington.
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Según ese informe, desde diciembre de 2024 las aprobaciones de tarjetas de residencia para cubanos cayeron un 99,8%, mientras que las detenciones a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentaron un 463%. En octubre de 2024, meses antes de que Trump asumiera la presidencia, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) aprobaba más de 10.000 residencias permanentes para cubanos, pero hacia finales de 2025 esa cifra se redujo a apenas unas pocas decenas mensuales.
El contraste más reciente es elocuente: en enero de 2026 el gobierno recibió 7.086 solicitudes de residencia de ciudadanos cubanos, pero solo 15 fueron aprobadas, cuatro resultaron denegadas y miles quedaron en suspenso, mientras el ICE detuvo a más de 1.000 inmigrantes de la isla en el mismo período. Esta combinación de expedientes congelados y aumento de arrestos configuró un limbo jurídico inédito para una comunidad que históricamente contó con vías expeditas para regularizar su situación en Estados Unidos.
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El endurecimiento se enmarca en una agenda más amplia para restringir tanto la migración irregular como la legal, que incluye la congelación de trámites de residencia, asilo, naturalización y permisos de trabajo para cubanos y otras nacionalidades, según el análisis del Instituto Cato. La administración Trump también dio por terminado un programa creado durante el gobierno de Joe Biden que permitía a cubanos vivir y trabajar por dos años en Estados Unidos bajo la figura de parole humanitario, siempre que tuvieran un patrocinador y superaran controles de antecedentes, cerrando así una de las pocas vías de ingreso ordenado que subsistían para esa población.
El impacto de estos cambios es particularmente fuerte en el sur de Florida, donde se concentra la comunidad cubana en Estados Unidos, pero también resuena en otros países de la diáspora, entre ellos la Argentina, que recibe a migrantes cubanos que no logran concretar su proyecto de radicación en territorio estadounidense. Especialistas citados por el informe advierten que al recortar rutas legales de permanencia, el Estado deja a los solicitantes más expuestos a la detención y a la deportación, o los empuja a la llamada “autodeportación”, es decir, la salida voluntaria ante la falta de perspectivas de regularización.
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La histórica Ley de Ajuste Cubano, vigente desde la década de 1960 y que permite solicitar residencia permanente un año y un día después de ingresar a Estados Unidos, perdió efectividad práctica para muchos migrantes debido a la parálisis en los trámites y al crecimiento del rol de USCIS en tareas de control migratorio, sumado a recortes de personal, según el Instituto Cato. El propio director de estudios de inmigración de ese organismo, David Bier, calificó el giro como “una drástica restricción de la inmigración proveniente de Cuba” y señaló que la reducción de aprobaciones afecta también a otras categorías, como las residencias por motivos familiares y las solicitudes de refugiados, con desplomes de hasta el 99% en algunas de ellas.
En el plano político, una encuesta del Miami Herald mostró que, aunque los cubanos y cubanoamericanos del sur de Florida respaldan mayoritariamente la línea dura de Trump hacia el gobierno de La Habana, están divididos cuando se trata de deportaciones de sus propios connacionales. Un 68% desaprueba, de forma firme o moderada, el aumento de las expulsiones de cubanos indocumentados sin antecedentes penales y apoya que se mantengan vías legales de migración hacia Estados Unidos, de acuerdo con ese sondeo.
Detrás de las estadísticas se multiplican historias personales de incertidumbre, como la de Rosa, una economista de la provincia de Matanzas que llegó al sur de Florida hace casi tres años mediante el programa de parole humanitario ya cancelado. La mujer, que trabaja como cocinera en un restaurante latino y es sostén de sus hermanos, asegura que no puede regresar a una Cuba “invivible”, marcada por la falta de electricidad y alimentos, pero tampoco puede avanzar en Estados Unidos debido al estancamiento de su expediente de residencia: “Presenté mi documentación, pero todo se ha estancado. Esta incertidumbre es una agonía”.