El Gobierno Nacional anunció su firme intención de avanzar a toda velocidad con la privatización de dos empresas estatales clave: Trenes Argentinos y Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA). El objetivo primordial es dar inicio a los procesos de licitación y venta durante los primeros cuatro meses del año 2025.
Trenes Argentinos: concesión de líneas por separado
En lo que respecta a Trenes Argentinos, el Gobierno planea concesionar las diferentes líneas ferroviarias de forma independiente. Esto implica que los tramos que abarcan los servicios de Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín y Belgrano Sur se licitarán por separado, posiblemente en distintas fases.
La empresa ferroviaria, que cuenta con una plantilla de 22.582 empleados, experimentó gastos trimestrales de 555.868 millones de pesos, los cuales son parcialmente cubiertos por transferencias del Tesoro Nacional. Según un informe técnico de la Secretaría de Hacienda, los ingresos trimestrales de la empresa por concepto de pasajeros alcanzan los 72.455.886 pesos.
AYSA: traspaso de activos en la mira
En cuanto a AYSA, la empresa encargada del suministro de agua potable y el servicio de cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gobierno busca concretar su venta a través de un traspaso de activos. AYSA cuenta con 6.361 empleados y registra gastos corrientes trimestrales de 678.173 millones de pesos, mientras que sus ingresos por la producción de agua ascienden a 515.434 millones de pesos. Además, la empresa tiene en curso gastos de inversión por 186.581 millones de pesos destinados a obras de ampliación en diversas localidades del AMBA.
Proceso de privatización y control legislativo
El Gobierno designó a Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), como el encargado de llevar adelante la planificación de las concesiones. Se espera que los procesos de venta de Trenes Argentinos y AYSA sean tratados en la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, la cual está integrada por seis senadores y seis diputados. Este órgano legislativo tendrá la facultad de acceder a informes elaborados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) con el objetivo de evaluar el estado legal y financiero de ambas empresas.
