La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados dará comienzo a resolver este jueves si abre el proceso de remoción a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en base al proyecto impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores por considerar que los magistrados del máximo tribunal incurrieron en "mal desempeño" en varios de sus fallos.
La comisión que preside la diputada del Frente de Todos (FdT) por Entre Ríos Carolina Gaillard se reunirá a las 11 para analizar los expedientes que plantean el juicio político a Horacio Rosatti —presidente del máximo tribunal— Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El argumento principal es el fallo por la coparticipación que le otorgó más privilegios a la Ciudad de Buenos Aires, pero el proyecto también hace mención a otros fallos, como el que definió la composición del Consejo de la Magistratura y el de la resolución de 2017 que declaró aplicable el cómputo del 2×1 para los delitos de lesa humanidad, entre otros.
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Por el momento, el oficialismo cuenta con el número necesario en la comisión de juicio político para firmar el dictamen del proyecto, pero no con la mayoría de dos tercios que se precisa para aprobar el texto en el recinto de la Cámara baja.
El tema fue incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias impulsada por el Poder Ejecutivo desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero.
Por su parte, la principal bancada opositora ya anticipó que no dará quorum para tratar los proyectos contemplados en la convocatoria mientras se mantenga el proceso de juicio político, ya que consideran que se trata de "un ataque a la Corte y a la institucionalidad" por parte del Gobierno.
Desde el FdT ven esta posición, en cambio, como la intención de Juntos por el Cambio de "paralizar el Congreso, sea con ese o con otro argumento", y recordaron que "en diciembre hicieron fracasar dos sesiones que incluían temas como la creación de universidades y la moratoria previsional".
En el proyecto de resolución, que elaboraron los diputados encabezados por Eduardo Valdés, se toma como base el documento impulsado por el Presidente, pero se agregaron además nuevas denuncias para ser investigadas a lo largo del proceso, entre ellas una sobre el manejo de la obra social del Poder Judicial.
Al respecto, los diputados nacionales del FdT María Rosa Martínez y Pablo Carro presentaron a mediados de este mes la iniciativa, porque para ellos "este incumplimiento sostenido durante años tuvo como consecuencia directa la existencia de una administración plagada de irregularidades, el deterioro del servicio de salud de calidad que debe brindar la OSPJN" y "la afectación del derecho a la salud de todos los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afiliados a la misma".
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El texto del proyecto consta de 410 páginas, en el que los diputados sostienen que deben ser citados como testigos "todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados".
"El enjuiciamiento político, en el que se acusa y se intenta destituir a jueces de la Corte Suprema de Justicia, es una instancia excepcional en la que se persigue la determinación de la responsabilidad política del gobernante", añade el documento.
Agrega que "el mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema de Justicia se pone en evidencia cuando el magistrado no aplica o decide contra el Derecho en vigor o carece de aptitudes morales o intelectuales para el cumplimiento de la tarea".
"Ese mal desempeño, además, se encuentra afianzado en una composición homogénea de resoluciones jurisdiccionales que demuestran inequívocamente una interpretación infiel y dañina para el orden jurídico del Estado, en cuya cima, la Constitución resulta espectacularmente violada", señalan los diputados en el proyecto.
La intención del oficialismo es comenzar con el análisis de los expedientes este jueves y prevé organizar dos reuniones por semana entre lo que resta de enero y fines de marzo, aproximadamente, para recabar las pruebas relacionadas con los pedidos de enjuiciamiento a los ministros de la Corte.
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