El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, dio un discurso este lunes en Ginebra, Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y denunció el lawfare y la pérdida de legitimidad del Poder Judicial en nuestro país como uno de los principales obstáculos para garantizar la vigencia de los derechos humanos.
Pietragalla encabezó la delegación que representó al Estado argentino en la cuarta edición del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo en el que cada uno de los Estados miembros repasa la situación de los derechos humanos y la implementación de los compromisos internacionales asumidos durante la edición anterior.
Durante su exposición en el Palacio de las Naciones, el secretario presentó el informe que se realizó con el aporte de más de 30 áreas gubernamentales y que contó con el respaldo del presidente Alberto Fernández.
Allí nombró al “lawfare” o “guerra jurídica” como uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos, ya que implica una degradación del sistema institucional y pone en jaque el sistema republicano de división de poderes, y puso como ejemplo la persecución judicial hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
También mencionó los efectos devastadores que dejó el endeudamiento con el FMI por parte del gobierno anterior y el avance de los discursos de odio, que se vieron agravados por el reciente intento de magnicidio de la vicepresidenta.
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Al tratarse de fenómenos globales o regionales, el secretario solicitó el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos y de los países miembros en el impulso de iniciativas que permitan abordar estas problemáticas y así evitar que se sigan vulnerando los derechos humanos.
Por otro lado, en el aspecto de las obligaciones y compromisos asumidos, Pietragalla destacó el impulso del proceso de memoria, verdad, justicia y reparación por los crímenes de lesa humanidad; la decisión de erradicar la violencia institucional y las políticas de género y diversidad.
Tampoco podía faltar en la enumeración de acciones la campaña nacional de vacunación contra el Covid-19 y la sanción de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Luego de la exposición, se procedió al diálogo con el resto de los Estados, se felicitó al país por los avances en materia de derechos y se hicieron una serie de recomendaciones que se reunirán en la devolución que estará lista este mismo viernes.
En el último EPU —el del 2017— se hicieron 175 recomendaciones.
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La delegación argentina estuvo integrada por Nicolás Rapetti, jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional de la Secretaría; Federico Villegas Beltrán, representante Permanente de Argentina ante Naciones Unidas, y Cecilia Meirovich, directora de Derechos Humanos de la Cancillería argentina.
Por otra parte, el Consejo de los Estados miembro ya emitió un comunicado a través de un hilo de Twitter, en el que se hizo un listado con todo lo que se mencionó durante la jornada. En el hilo, se menciona la sugerencia de los Estados miembro de que la Argentina "asegure la plena independencia del poder judicial y la de la fiscalía".
En #UPR42, los Estados recomendaron que #Argentina
— UN Human Rights Council (@UN_HRC) January 23, 2023
- asegure la plena independencia del poder judicial y de @FiscalesGobAr
- mejore las condiciones en las prisiones
- garantice la legalidad en el uso de la fuerza y investigue su uso excesivo por parte de las fuerzas policiales
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