El Gobierno anunció que las empresas de medicina prepagas que nuclean el 75% de los afilados deberán retrotraer los aumentos a valores de diciembre de 2023 y recalcularlos en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según especula la Secretaría de Comercio e Industria, las cuotas deberían bajar un 33% promedio respecto del monto actual.
Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa en la que detalló que por disposición de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía siete empresas del sector tendrán que aplicar este índice para ajustar las cuotas por el plazo de 6 meses.
El dictamen obliga además a las compañías a cesar cualquier intercambio de información y a aportar datos a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sobre cantidad de afiliados y precios nominales de los planes de salud ofrecidos.
"La Argentina de la avivada se terminó el 10 de diciembre", dijo el portavoz del presidente Javier Milei, y agregó: "El Gobierno del Presidente Milei no va a convalidar maniobras especulativas desde ningún punto de vista”. Todas palabras vacuas, en un acto de fingida demencia, como si la gestión actual no hubiese abierto las puertas a los desorbitantes incrementos.
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Por otro lado, a la disposición se suma la medida cautelar que presentó la Superintendencia de Salud ante la Justicia, tal y como anticipó semanas atrás Noticias Argentinas, para obligar a las empresas que concentran el 90% del mercado de medicina prepaga a retrotraer el valor de las cuotas y a devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre.
“Este organismo no controla más los precios, pero sí busca garantizar la libre competencia y la libertad de elegir en beneficio de los argentinos”, dijeron.
De esta manera, el Gobierno confía en poder resolver un reclamo que afectaba principalmente a la clase media y que había generado un importante cruce con el rubro.
Las compañías investigadas desde enero por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que depende de la Secretaría de Comercio e Industria, y alcanzadas por la medida son:
Galeno Argentina S.A.
Hospital Británico de Buenos Aires Asociación Civil
Hospital Alemán Asociación Civil
Medifé Asociación Civil
Swiss Medical S.A.
Omint S.A. de Servicios
OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios
La Unión Argentina de Salud (UAS), la confederación que las agrupa.
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Cómo se llegó a la medida
Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había asegurado que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media” con los aumentos desmedidos, por lo que había señalado que desde el Gobierno iban a hacer “todo lo que esté al alcance” para defender a ese sector de la población: incluso, se deslizó la posibilidad de recurrir a la Justicia.
El encargado de dar la cara por las empresas de medicina prepaga fue Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y quien fue titular de la Unión Argentina de Salud (UAS) hasta el pasado lunes, puesto que se vio obligado a renunciar.
El empresario rechazó las acusaciones que recibió y se mostró ofendido por el hecho de que se haya revelado el monto que recibió de parte del Estado en concepto de ATP durante la pandemia de coronavirus: afirmó que el Gobierno del presidente Javier Milei le tiró “un balde de mierda” para desprestigiarlo.
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“Como todos ustedes saben, en los últimos días, el sector de la salud privada ha recibido reproches y observaciones por parte de funcionarios del gobierno nacional. Con la necesidad de preservar la posibilidad de que todos los canales de diálogo sean considerados, y entendiendo que quizás el debate sobre mi persona sea obstáculo para lograr posiciones superadoras, he considerado procedente y necesario renunciar a la presidencia de la Unión Argentina de Salud”, explicó Belocopitt en un comunicado.
