A pesar de la Ley nacional, el sistema judicial aún patologiza a personas trans
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A pesar de la Ley nacional, el sistema judicial aún patologiza a personas trans

La violencia institucional hacia personas travesti, trans y no binaries respaldada por el sistema judicial es, aún hoy, la norma y no la excepción. A Quimey Sol Ramos la discriminan por su identidad de género y el juez de la causa acciona a favor de OSDE.

Foto: @quimeysolramos (instagram).
Foto: @quimeysolramos (instagram).

Quimey Sol Ramos (28) es una figura conocida en el activismo por los DD. HH. y por el colectivo LGBTIQ+. Es además docente, investigadora social, trabaja en un organismo de derechos humanos y, ocasionalmente, también escribe en medios de comunicación. "También soy, indivisiblemente de todo lo demás, travesti. Y orgullosa a pesar de que para muchos sea una parte de mí que debiera dar vergüenza, ser omitida o escondida", dice en el comunicado que difundió a través de redes sociales y apps de mensajería para que lo que tenía para decir se pasara de persona en persona como una cadena colectiva.

"A pesar de que tenemos una ley que hace 11 años estableció que nuestra identidad no es una enfermedad, y por lo tanto no puede ser tratada como tal, las empresas prepagas de la salud, las obras sociales y también, desafortunadamente, el sistema de salud público y gratuito en muchas oportunidades desconocen este derecho.  Pero esta vez, la empresa OSDE, primera en el país con mayor cantidad de usuarios, decidió ir más lejos. Y peor aún, un juez del JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 7 en la Capital Federal, lo avaló, cubriendo de legitimidad una acción a todas luces discriminatoria, violenta, patologizante, y contraria a la ley nacional", señaló Quimey.

"El año pasado mi prepaga de salud OSDE me dio de baja luego de que yo solicitara una intervención que está amparada en la ley de identidad de género. Mediante una carta documento la prepaga me intimó diciendo que yo no había declarado mi 'verdadero estado de salud'. Ese término tan ambiguo hacía referencia sencillamente a mi identidad: no podían estar hablando de otra cosa, porque hasta entonces no había hecho uso de la cobertura para nada más, y porque no vivo con ninguna enfermedad crónica hasta la fecha. Agregaban además que, en caso de querer mantenerme afiliada, tendría que pagar una cuota diferencial con un aumento del 800% mensual, lo que a marzo del 2022 implicaba pasar de una cuota de $8000 pesos a $76.000 por mes. Les respondí que eso era un acto de discriminación, me negué al aumento, y por lo tanto me desafiliaron automáticamente", prosiguió.

Entonces, "interpusimos junto a mi abogada un amparo y una medida cautelar. Mediante la cautelar conseguimos de manera provisoria que la prepaga estuviera obligada a reafiliarme y a garantizar los tratamientos en cuestión. Pero el amparo siguió su curso. Hace algunos meses, en un intento desesperado por seguir encubriendo su discriminación, OSDE solicitó al juez que se me someta a una pericia endocrinológica y psicológica para determinar si yo estaba en un tratamiento hormonal al momento de afiliarme y no lo declaré".

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Quimey apeló junto a su abogada y fundamentó una respuesta con acompañamiento médico. Allí explicaron que no existe ningún estudio médico posible que pueda demostrar los valores hormonales de una persona años atrás. Es decir; además de patologizar brutalmente a pesar de una ley nacional que lo prohíbe y de la aplicación de la Ley Micaela —que capacita en materia de género y diversidad a todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación— el poder judicial solicitó algo imposible de presentar.

Como bien expresó la docente, esta acción "es a todas luces ilegítima: no había nada que declarar que pudiera ser motivo de no afiliación o de expulsión. Pongamos otros ejemplos: tomar anticonceptivos, que son hormonas, no puede ser motivo de negación a la afiliación o de desafiliación. Además, en este caso, debido a la Ley argentina, las hormonas no son consideradas parte de un tratamiento: no hay nada que curar. Se trata de prácticas de modificación corporal, consideradas parte de un derecho humano, el derecho a la identidad, y no de una enfermedad. Supongamos que lo que le importa al sistema de salud es el riesgo que pueden producir en el cuerpo. La respuesta entonces es muy simple: los riesgos no son mayores que los que producen ser físico-culturista, gimnasta, es decir prácticas que esculpen los cuerpos. O que tomar anticonceptivos. En definitiva, TODAS las prácticas de modificación corporal pueden POTENCIALMENTE producir daños. Pero esos daños se minimizan a niveles insignificantes si se cuenta con supervisión de profesionales de la salud, y no negándole a las personas ese derecho. Cosa que por cierto también se hace con personas que efectivamente padecen una enfermedad crónica, como la diabetes.

Y te pregunto, lector/a/e: ¿A vos te parece bien que a una persona con diabetes se le pida que pague el 800% más que el resto para poder tener cobertura de salud? Ni siquiera tratándose efectivamente de una enfermedad suena justo", señaló.

A pesar de toda la movida que llevó a cabo la activista, el juez de la causa desconoció los argumentos y concedió la pericia a la obra social. Se trata de una de las obras sociales más ricas del país, por lo que dicho recurso se puede traducir solamente en que el objetivo es desgastar al denunciante mientras favorece las ganancias de grupos empresariales millonarios.

Sin embargo, la mayor preocupación de Quimey es que su caso pueda sentar un precedente profundamente peligroso, dado que la justicia no respeta y pasa por alto una ley nacional, la Ley de Identidad de Género 26.743, que es el marco legal del que goza el colectivo travesti trans y no binarie frente a los atropellos y discriminaciones frecuentes en los ámbitos institucionales, educativos, de salud, laborales y otros.

Este martes a las 14 la activista deberá someterse a un estudio que ni siquiera servirá para el fin que se realiza.

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"No es la primera vez que me violentan dentro del sistema de salud. Seguramente tampoco será la última. Tampoco soy la única. Se trata de una realidad colectiva que todas las personas trans, travestis, no binarias, al igual que todas las personas que el sistema desprecia y cree descartables tenemos que pasar a la hora de querer ejercer nuestro derecho a acceder a una salud integral. Estas son las consecuencias de ver la salud como un negocio. De que se destruya lo público y gratuito en tanto noción de que la salud del pueblo es un bien común. Que se trata de un derecho, y no de un privilegio", concluyó, y convocó a una asamblea colectiva para este viernes 7 de julio frente a la sede de OSDE en Av. Corrientes 420 a las 15, en el microcentro porteño.

Allí se realizará también una filmación de testimonios de aquellas personas que han sido violentadas por el sistema de salud y quieran exponer.

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