La escena ocurrió en los pasillos de los tribunales federales de Bahía Blanca y condensó, en pocos minutos, una trama que lleva años: el fiscal Santiago Ulpiano Martínez, cuestionado por su actuación en causas sensibles, volvió a quedar en el centro de la polémica en el marco de la indagatoria a la médica forense Emma Virginia Creimer, imputada por “falso testimonio” en una causa que ella misma denuncia como armada.
A último momento, la audiencia prevista para tratar la recusación del fiscal -originalmente fijada para las 10 de la mañana- fue postergada para las 12. Sin embargo, la indagatoria se realizó igual a las 10.30. Es decir: Creimer fue indagada por el mismo funcionario al que buscaba apartar, antes de que se resolviera ese planteo.
El episodio no terminó ahí. El propio fiscal fue quien solicitó que la médica afronte las costas de la audiencia por la recusación, un pedido que aún no fue resuelto por el juez, quien tampoco definió si hará lugar o no al apartamiento de Ulpiano Martínez. La secuencia, según advierten, remite a mecanismos utilizados durante la dictadura en presentaciones de hábeas corpus, donde la imposición de costas operaba como forma de disuasión.
Una causa bajo sospecha
Creimer llegó a esa instancia denunciando una cadena de irregularidades. Según planteó, fue citada previamente como testigo sin haber sido informada de que estaba siendo investigada, una situación que podría implicar una violación al derecho de defensa. Además, cuestionó la superposición de audiencias —la recusación y la indagatoria el mismo día— como una maniobra que condicionó su posibilidad de ejercer plenamente sus derechos.
Pero hay un elemento adicional que agrava el cuadro: Ulpiano Martínez no debería intervenir en este expediente. La médica lo señala por su actuación en la causa por la desaparición de Facundo Astudillo Castro, donde el fiscal fue duramente cuestionado por la familia de la víctima. Esa participación previa, sostienen, compromete su imparcialidad.
El trasfondo es aún más profundo. Creimer no es una perito cualquiera: su trayectoria está ligada a investigaciones por violaciones a los derechos humanos, donde intervino en casos de torturas y delitos cometidos por fuerzas de seguridad. Hoy, en un giro que expone la tensión del sistema judicial, se encuentra del otro lado del mostrador.
El prontuario que lo persigue
Las críticas a Ulpiano Martínez no son nuevas. Su nombre arrastra cuestionamientos desde hace décadas, con especial énfasis en su desempeño en causas vinculadas al terrorismo de Estado en Bahía Blanca.
Funcionario judicial desde 1981, su carrera se desarrolló íntegramente en esa ciudad. Antes de ser designado fiscal federal durante el gobierno de Mauricio Macri, subrogó juzgados desde los cuales -según denunciaron organismos de derechos humanos- garantizó la impunidad de represores y civiles cómplices de la última dictadura.
Entre las acusaciones más graves, se le atribuye haber habilitado beneficios de arresto domiciliario sin control, rechazado detenciones, procesamientos y extradiciones (incluida la del represor Alfredo Astiz, reclamado por Francia) y favorecido a figuras clave como el empresario Vicente Massot, exdueño del diario La Nueva Provincia, señalado por su rol durante el terrorismo de Estado.
Organismos como el CELS, H.I.J.O.S., Madres y Abuelas de Plaza de Mayo documentaron su accionar ante el Senado cuando se trató su pliego. Allí señalaron que sus intervenciones “obstaculizaron el avance de las investigaciones” y que incluso desoyó órdenes de instancias superiores en causas de lesa humanidad.
Uno de los casos más emblemáticos fue el del capellán Aldo Vara, vinculado al V Cuerpo del Ejército. Ulpiano Martínez rechazó su detención; cuando la Cámara revocó esa decisión, se apartó del expediente. Para entonces, Vara ya había huido a Paraguay.
También fue cuestionado por fragmentar causas, negarse a investigar delitos sexuales cometidos durante la dictadura y participar en maniobras que terminaron beneficiando a imputados por crímenes graves.
De los cuestionamientos al ascenso
Pese a ese historial, en 2018 fue promovido a fiscal federal. La designación avanzó con el impulso del Ejecutivo de entonces, a pesar de las múltiples impugnaciones presentadas por organismos de derechos humanos.
El contexto en el que dejó su juzgado tampoco pasó desapercibido. Su sucesor, el juez Alejo Ramos Padilla, describió un escenario de “desorden, desidia y atraso”, con armas, explosivos y documentación sensible sin resguardo, detenidos sin situación procesal definida y graves irregularidades administrativas.
Lejos de cerrar el capítulo, ese pasado vuelve hoy a proyectarse sobre su presente.
Un nombre que vuelve
La indagatoria a Creimer no solo reactivó una causa judicial: volvió a poner bajo la lupa el rol de Ulpiano Martínez en el sistema judicial de Bahía Blanca. Para la médica, se trata de un nuevo episodio de una persecución de largo aliento contra quienes investigan delitos de las fuerzas de seguridad.
Para los críticos del fiscal, además, es la confirmación de un patrón: el de un funcionario cuya actuación ha sido señalada, una y otra vez, por favorecer la impunidad en causas sensibles.
En ese cruce, entre denuncias de armado judicial, antecedentes polémicos y decisiones que generan sospechas, el nombre de Santiago Ulpiano Martínez vuelve a ocupar un lugar incómodo. Uno que, lejos de disiparse, parece profundizarse con cada nuevo episodio.
