La médica forense Emma Virginia Creimer deberá presentarse este miércoles a declaración indagatoria ante la fiscalía federal a cargo de Ulpiano Martínez, en el marco de una causa por “falso testimonio” que denuncia como armada.
Según denunció la propia profesional, será obligada a viajar a Bahía Blanca para asistir ese mismo día a dos audiencias separadas por apenas treinta minutos: una a las 10 de la mañana para recusar al fiscal y otra a las 10:30 para la indagatoria. Una maniobra que califica como desprolija y que, en los hechos, condiciona su derecho a defensa.
La escena expone una postal inquietante: una perito que durante años intervino en causas sensibles vinculadas a violaciones a los derechos humanos, hoy es colocada en el lugar de imputada.
Creimer ubica el origen de la persecución en 2005, cuando fue convocada para examinar a un detenido que había denunciado torturas en la Unidad N° 9 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Su intervención confirmó lesiones compatibles con tormentos, incluyendo la aplicación de corriente eléctrica.
Pero el resultado de ese trabajo tuvo consecuencias inesperadas: le iniciaron un sumario por no ajustarse a protocolos heredados de la dictadura, diseñados -según denuncia- para invisibilizar ese tipo de prácticas.
“En definitiva, se me castigó por haber investigado ‘hasta las últimas consecuencias’”, sostiene en su carta abierta. Desde entonces, cada peritaje que comprometía a sectores de poder derivó en nuevas represalias.
El hostigamiento no se limitó al plano institucional. Creimer describe una secuencia de violencia sostenida que incluye amenazas de muerte, ataques contra su vivienda y daños a su entorno personal.
Uno de los episodios más estremecedores fue la aparición de un cuchillo de carnicero ensangrentado en la cerradura de su casa, mientras su hija adolescente dormía en el interior.
“Ese día sentí que el cuchillo se clavaba en mi carne, no en la puerta”, relata. Para la perito, el objetivo fue claro: disciplinar no solo su accionar, sino el de cualquier profesional que se atreva a investigar delitos cometidos por fuerzas de seguridad.
El punto de inflexión: el caso Etchecolatz
La persecución se intensificó tras su participación en el peritaje médico sobre Miguel Etchecolatz. Creimer, junto a otros profesionales, determinó que el represor estaba en condiciones de permanecer en una cárcel común.
A partir de ese momento, según denuncia, se abrió un nuevo capítulo de amenazas y hostigamiento. Aunque la denuncia que el ex comisario presentó en su contra fue desestimada, el mensaje ya había sido enviado. “Era un amedrentamiento para todos los peritos”, advierte.
Con el correr de los años, la persecución adquirió nuevas formas. Creimer denuncia la articulación de sectores policiales imputados por violaciones a los derechos humanos que comenzaron a operar de manera coordinada para desacreditarla cada vez que era designada en una causa.
A esa ofensiva se sumaron campañas en redes sociales, exposición pública en marchas y la participación de grupos vinculados a delitos como el abuso sexual y los femicidios.
En los últimos años, el escenario se amplificó con la intervención de medios de comunicación hegemónicos que, según denuncia, difundieron información falsa, instalaron conceptos pseudocientíficos y expusieron públicamente a sus hijos.
Una causa bajo sospecha
La imputación por falso testimonio constituye, para la médica, un nuevo escalón en una persecución de largo aliento. Denuncia que fue citada previamente como testigo sin ser informada de que estaba siendo investigada, lo que implicaría una violación al derecho de defensa y al debido proceso.
“Se me ficha como a una delincuente”, sostiene.
La paradoja es evidente: quien durante años aportó pruebas en causas por violaciones a los derechos humanos, hoy debe defenderse de una acusación que -según afirma- carece de sustento.
Lejos de circunscribirse a un conflicto individual, Creimer inscribe su situación en un contexto más amplio de retrocesos en materia de derechos humanos y avance de discursos de odio.
