Uno de los trece cartoneros detenidos ayer por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires cuando reclamaban por paritarias fue liberado luego de que la justicia porteña decidiera no imputar a los trabajadores de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), informó esa organización y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
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La fiscalía porteña resolvió "no imputar a ninguno" de los detenidos, pero el proceso de restitución de la libertad está "demorado", indicó el CELS.
Hoy, cooperativistas se concentraron ante la fiscalía porteña, en Combate de los Pozos 155, para exigir la libertad de sus compañeros.
Según detalló a Télam el director del equipo de justicia y seguridad democráticas del CELS, Manuel Trufó, en el caso intervino la auxiliar fiscal Catalina Neme, quien decidió "no imputar" a los cartoneros y recicladores.
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"La decisión ya es oficial, pero entendemos que las libertades pueden ir demorando un poco porque además están en diferentes comisarías", explicó Trufó, quien advirtió que "no están claros los argumentos de la detención" porque, advirtió, esos fundamentos fueron hechos "básicamente por la policía".
En ese sentido, apuntó: "Que la fiscal ahora desista de imputar muestra que en realidad esos argumentos no eran tan sólidos o que no hay pruebas que los respalden".
"El saldo de todo esto es que pasaron casi 24 horas presos estos trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que estaban reclamando paritarias", completó el referente del CELS y señaló que la lectura que hacen de lo que pasó es que "dieron por terminada una negociación e intervino la policía para desalojar la protesta y terminó reprimiendo y llevándose a personas presas. Reemplazaron la política por la intervención policial, y eso lo que hace es escalar la violencia".
Por último, Trufó añadió que el CELS ve con "mucha preocupación" este dispositivo "represivo de la protesta y de la economía popular en general"; y consideró que lo que ocurrió con los cartoneros "es un mensaje intimidatorio hacia la protesta social" en vistas también de que la conflictividad social "va a aumentar en los próximos meses, no puede ser esta la manera de proceder ante las protestas sociales", concluyó.
Por su parte, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y abogado, Juan Gabois dijo hoy a través de sus redes sociales que "ninguna de las personas tiene antecedentes penales y - permanecen privadas de su libertad pese a haber sido completadas todas las diligencias para disponerla-" y recordó que "se trata de trabajadoras que se ganan el pan dignamente como parte del sistema porteño de reciclado social que ha sido premiado internacionalmente" como una forma de co-gestión para la recolección diferenciada.
Además, el dirigente, desmintió que haya 7 policías heridos y recalcó que los trabajadores "solo reclamaban mejores condiciones laborales y recibieron una golpiza absolutamente desproporcionada".
En ese sentido detalló que los tuvieron durante 5 horas en camiones celulares de la policía de la Ciudad de Buenos Aires con sus manos esposadas y las esposas enganchadas debajo del asiento "en una posición sumamente incomoda que al pasar las horas genera fuertes dolores" y fueron privados del acceso al baño. Asimismo, "no tenían una locación fija, giraban por distintos puntos de la ciudad de manera que los abogados no pudieron entrar en contacto con ellos hasta pasada la medianoche cuando ingresaron a las comisarias".
Para Grabois, lo que sucedió tras las detenciones "cruza los límites del estado democrático de derecho" y que la fiscal Catalina Neme "en constante conversación con Marcelo D‘Alessandro, el jefe de Policía de la Ciudad, están estirando la situación como una forma de disciplinar, castigar y verduguear en un evidente abuso de poder a personas que nunca deberían haber estado presas y que de estarlo deberían haber tenido garantizados sus derechos elementales".
En cuanto a la actuación de la justicia, el referente del MTE agregó que "no es otra cosa a lo que estamos acostumbrados: corrupción y servilismo al poder" y adjudicó como máximo responsable político al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta quien "en los últimos tiempos viene adoptando una posición cada vez más abusiva en el uso y abuso de la fuerza pública, y en un discurso de odio que no solía ser su estilo".
