La huella de la cocaína adulterada y el punitivismo que jamás sirvió

Este artículo fue publicado en febrero de 2022, tras el fallecimiento masivo de personas por consumo de cocaína adulterada en el partido de Tres de Febrero. Creemos que, frente a los sucesos recientes, en que funcionarixs de Juntos por el Cambio se rasgan las vestiduras ante la iniciativa del Municipio de Morón por brindar recomendaciones para un consumo de drogas cuidado, es importante volver a poner en discusión la urgencia de darle una nueva perspectiva al consumo y, una vez más, romper con el estigma y la hipocresía.

 

Promulgada en 1989, cuando las penalizaciones, además de incluir un período de prisión se cobraban en australes, la Ley de Estupefacientes 23.737, quedó para estos tiempos desfasada, y resguarda en sus artículos un fuerte sesgo criminalizador que, al fin y al cabo, arroja casi siempre los mismos resultados: persigue a consumidores y perejiles, dispara balas como respuesta inmediata ante una situación que claramente tiene un trasfondo de salud más que de seguridad, y lanza policías que -se sabe- miran para otro lado, pero se sumergen en una cacería de adictxs y productores de baja jerarquía cuando se prenden las cámaras de televisión.   

Durante los últimos días, la sociedad sucumbió ante el espanto por la muerte de 24 personas y la internación de al menos 80, a raíz del consumo de cocaína adulterada, salida de un búnker en Puerta 8, Loma Hermosa, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, extendiéndose a Hurlingham y San Martín. 

Las imágenes dolieron pero también generaron condena: en algunos casos se cuestionó a la policía, otrxs criticaron los cruces entre ministros de Seguridad nacional y bonaerense por Twitter, otrxs pusieron la lupa sobre lxs consumidores, y la oposición, por supuesto, no perdió oportunidad para hacer uso grotesco de una situación que no ha logrado -ni ha querido- resolver mientras fue gobierno.

Preguntas y perspectivas

Otras miradas, en cambio, cuestionaron la perspectiva punitivista sobre lxs consumidorxs y adictxs. Entonces, desde esa visión es posible correr el eje, ampliar el debate, repensar la posibilidad de un equilibrio entre un sistema judicial y un sistema de salud que atiende y en el mejor de los casos sostiene, a quienes la Justicia persigue pero ¿puede hacerlo? ¿Tiene herramientas suficientes para contener a personas adictas o con consumos problemáticos?

A medida que la hipocresía social y la política del espanto ante el consumo de drogas les tapa el cuello a lxs más vulnerables, surgen algunos interrogantes ¿Es necesaria y factible la regulación de las drogas? ¿La despenalización podría generar resultados diferentes a los actuales? ¿Qué buscamos como sociedad?: meter en la misma celda a quien consume, a quien vende y a quien lidera la producción o separar la paja del trigo y entender que quien consume necesita asistencia y contención del Estado y no persecución?

 

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Ante ello, Graciela Touzé, licenciada en Servicio Social y presidenta de la Asociación Civil Intercambios, sostiene que “a esta altura hay una cuestión que ya se torna absolutamente indispensable, que es modificar el marco legal penal de la Ley de Estupefacientes. Creo que la solución necesaria, más inmediata, más viable, que requiere una rápida adecuación tendría que ser la reforma de la ley 23.737, es decir que finalmente el Congreso de la Nación tome entre sus responsabilidades analizar y avanzar con una reforma de esta ley y una reforma que, en principio y por lo menos como un piso, considero que debería eliminar el artículo que considera delito la tenencia de drogas para consumo personal”.

Graciela propone que, en el marco de una potencial reforma y ante la situación que atraviesa esta problemática, “deberían eliminarse todas aquellas figuras que penalizan las conductas que se asocian al consumo, y la Ley de Estupefacientes -entendiendo que es una ley penal- lo que debería es castigar, perseguir y controlar las conductas que tienen que ver con la producción y el tráfico, no con el consumo. Y en relación a aquellas otras penalizaciones que sí tendrían que ver con la distribución y venta de sustancias establecer una mayor proporcionalidad de las penas para distinguir que los castigos no pueden ser los mismos que para los responsables de toda una organización de tráfico ilícito de lo que son los eslabones más débiles, que en general tienen que ver con personas muy vulnerables y que terminan siendo los más castigados, los más criminalizados y con penas que casi no se distinguen de las de los responsables”.

El término medio

En esa postura también se encuadra la psiquiatra Florencia Alul, para quien “la despenalización de la tenencia podría ser el inicio del cambio de foco al problema: la prohibición desprotege a los más vulnerables, se criminaliza a los más pobres, en tanto la despenalización sería el término medio entre delito y legalidad”.

“Despenalizar -agrega Graciela-, es decir, dejar de considerar crímenes aquellas conductas que están vinculadas con los consumos y sí mantener aquellas que tienen que ver con la producción y el tráfico de sustancias, me parece que es un término medio que no nos lleva a pensar en una regulación legal de mercados, seguiría manteniéndose la ilegalidad de las sustancias pero con una situación de protección y no de persecución de los sectores más vulnerables, con lo cual la despenalización sería un paso para establecer mejoras reales porque en la medida que se dejen de penalizar y de perseguir a quienes consumen sustancias, esto les permitiría tener mayores posibilidades de acceso al sistema de salud”.

Consumo responsable

En todo este menjunje de consumo, marco legal, salud, seguridad y justicia, y con todas las dificultades estructurales que existen actualmente, es indispensable la implementación de medidas estatales sobre aquello que, lejos de la prohibición, esencialmente informen, para lo cual resultaría funcional “todo lo que sean estrategias de reducción de riesgos y daños, es decir, aquellas estrategias que llevan a disminuir las consecuencias perjudiciales del consumo, aquellas estrategias que permiten que quienes consumen sustancias, adopten prácticas de consumo más cuidadas”, explica Graciela.

Florencia, asimismo, entiende que “para tratar las problemáticas de consumo serían importantes políticas públicas con estrategias de prevención y promoción de la salud, educación sobre el tema, informar correctamente a la sociedad. Es necesario saber diferenciar el consumo responsable, del consumo problemático y del narcotráfico. Todo termina en una bolsa de gatos con conceptos poco claros. Hay que entender que las personas con problemáticas de consumo tienen una gran dificultad para problematizar su consumo, y muchas veces hasta una cuestión física genera esa necesidad de volver a consumir”.

Empatía

Cuando el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires emitió la alerta epidemiológica a raíz de la circulación de cocaína adulterada en Puerta 8, entre sus recomendaciones incluyó la importancia de “acompañar” a quien consume y reforzó la necesidad de “no estigmatizar”.

En ese sentido, Graciela concluyó: “Efectivamente, hay una mirada social que condena, estigmatiza, y en este sentido me parece que sigue siendo muy importante instalar un debate social en torno a poder correr e interpelar esas miradas e instalar que las personas que consumen sustancias, primero, no todas tienen consumos problemáticos, y en el caso de aquellas personas con consumos problemáticos, lo que requieren son justamente actitudes y medidas y políticas de inclusión y no de estigmatización”.