El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura emitió un comunicado en el que no sólo celebró la absolución de “La China”, "quien a lo largo del proceso estuvo privada de su libertad en el Complejo Penitenciario Ezeiza acusada de homicidio agravado por el vínculo", sino que también cuestionó el accionar judicial en torno a su caso.
En el texto, recordaron que "'La China' padece el síndrome de ovario poliquístico y desconocía su estado de gravidez cuando el 15 de diciembre de 2020 se produjo un parto en avalancha, lo que se enmarca en las denominadas 'emergencias obstétricas' y que requieren de atención médica inmediata".
"Al respecto, añadieron, vale destacar lo señalado por los peritos que declararon en el juicio, respecto del cuadro de negación generalizada del embarazo que atravesaba, por lo que no era consciente de su estado".
La China fue absuelta ayer por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°30 de manera unánime, tras casi dos años de estar presa por la situación de salud que atravesó.
En ese sentio, desde el CNPV resaltaron "que la fiscal interviniente en el juicio desistió de la acusación y solicitó la absolución de la acusada", al tiempo que cuestionaron que "el hecho de que haya debido llegarse a esta instancia para lograrse un pronunciamiento justo hace necesario volver sobre las etapas previas al debate de un proceso que lleva dos años y en el que intervinieron numerosos funcionarios judiciales".
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El 14 de noviembre pasado, el Comité participó como veedor y remitió una nota al tribunal en la que planteó su preocupación "por la criminalización de la que fue víctima 'La China' y la necesidad de que hiciera un abordaje interseccional y con enfoque de género".
El Comité destacó, además, las diversas líneas de trabajo que viene llevando adelante para abordar este tipo de casos y evidencia las "múltiples formas de discriminación que padecen las mujeres privadas de la libertad para acceder a servicios apropiados que tengan en cuenta las cuestiones de género".
En ese sentido, el CNPT participó de la elaboración del informe “La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en la Argentina” realizado en 2020.
En esa línea, plantearon"De acuerdo a los estándares de derechos humanos elaborados por el Relator para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes de Naciones Unidas, aplicables a estos casos, la privación de la libertad se caracteriza por tener carencias estructurales y sistémicas que impactan de una forma particularmente negativa sobre las mujeres, y en consecuencia, los Estados tienen la obligación de adoptar medidas para proteger y promover los derechos de las mujeres".
Por último, remarcaron que "el encarcelamiento preventivo por tiempo prolongado contribuye significativamente al hacinamiento en las instituciones penitenciarias y repercute negativamente en todos los aspectos de la vida de las mujeres que se encuentran allí alojadas, como así también, en todo su entorno familiar, especialmente en sus hijos e hijas".
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