La polémica en torno a la denominada Ley de Inocencia Fiscal sumó un nuevo capítulo tras conocerse que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni (junto a su esposa, Bettina Angeletti) decidieron adherirse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias impulsado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este mecanismo voluntario confecciona una declaración preliminar con los datos del fisco y simplifica el trámite de presentación. Sin embargo, la medida encendió las alarmas debido a que permite ordenar las declaraciones juradas del pasado y evitar sanciones penales por incumplimientos tributarios previos.
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La lista de los miembros del oficialismo que optaron por este sistema se extendió rápidamente. Además del matrimonio Adorni, se incorporaron Aimé "Meme" Vázquez (jefa de asesores de la Jefatura de Gabinete), el cineasta presidencial Santiago Oría, el senador libertario y economista Agustín Monteverde, el titular de la propia ARCA, Andrés Vázquez, y el ex diputado José Luis Espert. Este último, recordamos, debió declinar su candidatura en la Provincia de Buenos Aires tras difundirse sus vínculos con el empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico y lavado de dinero.
También apareció en la nómina el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Desde su entorno salieron a justificar la decisión de inmediato, argumentando que "más de 80.000 argentinos ya adhirieron a este régimen" y que el funcionario simplemente utilizó una herramienta lícita y disponible para cualquier contribuyente que reúna las condiciones previstas por la normativa de ARCA, descartando cualquier tipo de irregularidad en la presentación.
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A pesar de las justificaciones oficiales y de que el propio Adorni aclaró ante sus colaboradores que no ingresará a "ningún blanqueo", la oposición cuestionó con dureza la medida. El diputado radical Martín Lousteau advirtió que el mecanismo "torna ciego al fisco" para detectar cambios patrimoniales no sustentados en ingresos en blanco. Según el legislador, la norma funciona como una pantalla donde "funcionarios corruptos o el narco" pueden bloquear investigaciones fiscales sobre cómo construyeron su patrimonio, disfrutando de ingresos no declarados.
La decisión de Adorni se da en un contexto de extrema sensibilidad, luego de que se acelerara una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Las denuncias apuntan a gastos y adquisiciones del jefe de Gabinete por más de u$s800.000 desde que asumió en diciembre de 2023; una cifra que, según los denunciantes, resulta difícil de justificar con su salario público de $3,5 millones mensuales. Entre los bienes observados figuran vuelos privados a Punta del Este, viajes, la compra de un departamento, una casa en un country y refacciones que habrían sido abonadas en efectivo sin documentación respaldatoria.
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En los tribunales federales de Comodoro Py, la interpretación de los magistrados es prácticamente unánime: la adhesión a la "Inocencia Fiscal" no constituye un escudo frente a delitos penales vinculados al origen de los fondos. Fuentes judiciales y expertos en derecho penal económico remarcaron que, si bien la normativa tiene efectos sobre las obligaciones del Impuesto a las Ganancias o IVA, no impide de ninguna manera que la Justicia investigue delitos graves como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho o defraudación a la administración pública.
Desde la propia ARCA aclararon que la utilización de este procedimiento simplificado no exime a los funcionarios de sus obligaciones de transparencia. Aunque el organismo recaudador quede limitado para exigir cierta información patrimonial histórica, los funcionarios públicos siguen estando obligados a presentar de forma rigurosa sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA). En el caso de Adorni, la ley le exige justificar el origen de los fondos de la totalidad del patrimonio conyugal, incluyendo los bienes de su esposa.
