Un grupo de organizaciones vinculadas al derecho, el medio ambiente y los consumidores expresaron este miércoles su categórico rechazo a las propuestas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentadas por el Poder Ejecutivo y pidieron que se retiren sus postulaciones por no cumplir con las condiciones de “probada idoneidad e independencia” ni de diversidad de género.
El documento fue firmado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) , el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Unión de Usuarios y Consumidores.
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“La Corte Suprema tiene la enorme responsabilidad de ser la garante última de la Constitución y del Estado de Derecho. En virtud de la trascendencia de esa misión, resulta esencial que esté integrada por personas cuya trayectoria refleje probada idoneidad e independencia, así como un fuerte compromiso con los principios constitucionales y los derechos humanos. Desafortunadamente, ni Ariel Lijo ni Manuel García Mansilla satisfacen ese estándar”, afirmaron en un comunicado las entidades mencionadas.
Sobre el juez federal Lijo sostuvieron que “ha sido objeto de graves denuncias en el Consejo de la Magistratura, algunas de las cuales han estado vinculadas a la falta de investigación de causas de corrupción, a la dilación arbitraria de los tiempos procesales y al enriquecimiento ilícito, así como de una denuncia penal por asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias”.
“Dichas denuncias son impropias de un candidato al más alto tribunal. Resulta esencial que ningún halo de sospecha recaiga sobre quienes tendrán a su cargo la decisión de las causas judiciales más importantes de nuestro país”, remarcaron las organizaciones.
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También consideraron que “esas denuncias generan, a su vez, serias dudas sobre el correcto desempeño de Lijo como juez” y que “siendo ese su principal y casi único antecedente de relevancia, esa circunstancia pone en tela de juicio su idoneidad técnica para llegar a la Corte”.
Agregaron que “el resto de su currículum vitae no muestra ningún otro mérito profesional o académico suficiente para ser magistrado”.
Respecto de García Mansilla, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, afirmaron que “cuenta con mayores antecedentes académicos” pero “resultan preocupantes sus visiones sustantivas sobre ciertas temáticas, dado que estas podrían impactar en la adecuada defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales”.
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Señalaron que García Mansilla “sostiene que la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos está supeditada a su compatibilidad con los 'principios de derecho público' y desconoce el valor vinculante de los instrumentos de los organismos creados para su interpretación y aplicación”.
También recordaron que el postulante del Ejecutivo “se ha expresado en contra del derecho a interrumpir el embarazo, incluso en casos de abuso sexual, causal prevista en el Código Penal desde 1921. Más allá de la conclusión a la que arriba, resulta preocupante que su razonamiento omita por completo considerar los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes como un valor a tener en cuenta en la discusión”.
Más allá de las cualidades de cada candidato, en caso de que fueran efectivamente designados, subrayaron que “resulta preocupante la baja representatividad de los diversos sectores de la sociedad en la Corte Suprema”.
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“Uno de los aspectos más visibles de este problema es la nula diversidad de género en su potencial composición. La pluralidad de género en cargos públicos y en espacios de toma de decisión no es una opción, sino una obligación jurídicamente vinculante que surge de nuestro bloque de constitucionalidad”, explicaron.
Al respecto, recordaron que según el Mapa de Género en la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, 7 de cada 10 cargos jerárquicos (Ministros/as, Procuradores/as Generales y Defensores/as Generales) del sistema de justicia son ocupados por varones.
También mencionaron que el Decreto 222/2003 prevé desde hace dos décadas que la inclusión de nuevos integrantes debería reflejar, además de la diversidad de género, las de especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal.
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En caso de incorporarse estos dos candidatos “no habría ningún juez o jueza con especialización en derechos humanos, lo cual es particularmente relevante dada la trascendencia que tienen los tratados internacionales en nuestro ordenamiento constitucional, ni con una trayectoria profesional vinculada a los derechos de grupos vulnerabilizados”.
La idea del Gobierno es que Lijo cubra la vacante existente desde que se jubiló la jueza Elena Highton de Nolasco mientras que propuso por anticipado a García Mansilla para ocupar el lugar que dejará a fin de año el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años en diciembre.
