La Unión Europea alcanzó un acuerdo histórico para endurecer aún más sus leyes migratorias, autorizando la creación de "centros de retorno" fuera del territorio del bloque para albergar inmigrantes expulsados o personas con asilo denegado. El nuevo reglamento acelerará los procesos de devolución y aumentará las deportaciones, imponiendo sanciones severas como detención y prohibición de entrada a quienes se nieguen a cooperar con las autoridades.
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La medida, criticada por grupos de derechos humanos, otorgará a los gobiernos europeos poderes "mucho más amplios para detener y deportar a personas", según Marta Welander del Comité Internacional de Rescate. Welander denunció que la ley "normalizará las redadas de inmigración, ampliará el uso de la detención en instalaciones similares a prisiones fuera del territorio de la UE —que son, en esencia, agujeros negros legales— y aumentará el riesgo de que las personas sean deportadas a países donde podrían sufrir persecución, tortura o algo peor".
Detenciones masivas y redadas reminiscentes del ICE de Trump
La eurodiputada Birgit Sippel, del grupo de centroizquierda S&D, advirtió que la nueva legislación permitirá "detenciones masivas, incluso de familias y niños", y redadas que recuerdan las prácticas de mano dura del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos bajo Donald Trump. El grupo de extrema derecha ECR celebró el acuerdo afirmando: "Ha comenzado la era de las devoluciones".
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Solo cerca del 20% de los ciudadanos ordenados a abandonar la UE regresan realmente a su país de origen, lo que impulsa a los gobiernos europeos a mejorar el sistema de repatriación. La mayoría de las nuevas medidas se aplicarán inmediatamente, aunque algunos puntos tendrán hasta 12 meses para que los Estados adapten sus marcos normativos.
Eficacia cuestionada por Francia y España
Aunque Austria y Alemania ya estudian opciones para crear los centros de retorno —que servirían como destino final o tránsito para los expulsados—, otros miembros como Francia y España han cuestionado su eficacia. Un diplomático europeo aseguró bajo anonimato: "No está claro cómo funcionará esto, y no afectará a mucha gente".
Expertos señalan obstáculos de proyectos similares: Reino Unido abandonó su plan de deportar migrantes a Ruanda, mientras que las instalaciones italianas en Albania para tramitar migrantes han sido cuestionadas judicialmente. La reforma debe ser aprobada formalmente por el Parlamento Europeo y los Estados miembros antes de entrar en vigor.
El acuerdo refleja la reacción de los gobiernos europeos ante una opinión pública cada vez más contraria a la migración que ha impulsado el avance de la extrema derecha en el continente.
