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Electrodependientes afectados por nuevas medidas del Gobierno

“Basta de ajustar con los más débiles”, pidió la agrupación que representa a los usuarios. “Es un recorte para expulsar personas y ‘ahorrar' plata”, denunciaron. Con la nueva resolución, el Estado se corre y las familias deberán arreglárselas directamente con Edenor o Edesur.

El Gobierno, ni lento ni perezoso, continúa recortando financiamiento para los sectores más vulnerados. Tanto así que ahora tampoco hay plata para la vida de las personas electrodependientes: “Había un Estado presente, controlando, haciendo de intermediario y obligando a que se cumpla. Ahora quedamos otra vez a voluntad de las empresas”, alertaron desde la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED).

Sucede que el Gobierno recortó el financiamiento destinado a la realización de obras de adecuación de las instalaciones eléctricas domiciliarias para personas electrodependientes, lo que les permite garantizar medidas de seguridad en sus viviendas y solicitar las fuentes alternativas de energía (FAE) necesarias para sus tratamientos. Además, se eliminó el registro que permitía al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) visibilizar los hogares con usuarios electrodependientes.

La resolución del ENRE trae riesgos para la salud de los pacientes ante eventuales cortes de luz, según advierten desde la AAdED.

En efecto, la AAdED denunció que el ENRE mediante la resolución 330/2024 derogó las resoluciones Nº 97/2021, 254/2023 y 472/2023 que crearon un fondo solidario y un procedimiento de cumplimiento obligatorio (en las áreas de concesión de Edenor y Edesur), para el financiamiento y realización de las obras de adecuación de las instalaciones eléctricas domiciliarias de las personas usuarias electrodependientes.

“La ley establece la gratuidad del servicio para personas electrodependientes y otorga derecho a solicitar una fuente alternativa de energía, como un grupo electrógeno o batería. Cuando el ENRE reglamentó eso, estableció que había que presentar certificados de adecuaciones que muchas familias no podían pagar. Por eso, en la gestión anterior se creó un registro de personas que solicitaban financiamiento para esas adecuaciones en sus viviendas. Ahora eso lo eliminan, el Estado se corre. No le podés pedir nada al ENRE, tenés que pedir a Edesur o Edenor sin el Estado como intermediario”, detalló Mauro Stefanizzi, presidente de la AAdED, en diálogo con Tiempo Argentino.

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“Es un retroceso –definió–. Pudimos avanzar hace tres años atrás con este sistema, con el financiamiento, el formulario por el cual lo solicitabas. Y el ENRE había creado una mesa de seguimiento y control donde participábamos junto a las empresas. Había un Estado presente, controlando, haciendo de intermediario y obligando a que se cumpla. Ahora quedamos otra vez a voluntad de las empresas”, sintetizó.

De hecho, la AAdED ya había advertido hace un tiempito sobre la intención del gobierno de eliminar este registro: "Se están rechazando a numerosos electrodependientes que utilizan respiradores (CPAP) con el argumento de que estos dispositivos 'poseen una batería externa'. Esto no solo contraviene la ley, sino que además pone en peligro vidas, ya que frecuentemente esas baterías se encuentran completamente descargadas", alertó Stefanizzi.

Además, se estableció que las empresas eléctricas Edenor y Edesur, que disponían de 48 horas para actuar, contando días hábiles e inhábiles, se les otorgará ahora hasta dos días hábiles desde el momento de la denuncia, lo que podría significar más espera para electrodependientes si sucede durante un fin de semana largo.

Estas personas, por cuestiones de salud, requieren un suministro eléctrico constante y en niveles de tensión adecuados para poder alimentar el equipamiento médico prescrito y que resulte necesario para evitar riesgos en su vida o su salud, según la ley 27.351 que instauró un régimen de protección especial para estos usuarios.

Justamente la readecuación de las instalaciones de sus viviendas posibilita la conexión a las FAE –un derecho establecido por la mencionada ley y que evita tanto el traslado a hospitales, como el riesgo por un corte de luz– ya que para su instalación se solicita un Certificado de Conformidad de Instalación Eléctrica (DCI) entregado por un electricista matriculado, lo que conlleva a diversas obras que tienen un monto muy elevado. Desde la asociación dijeron a Somos Télam que el costo estimado de estos trabajos se ubica entre los 300.000 y 500.000 pesos.

Este fondo de financiamiento se creó en 2021 y se estipuló un nomenclador sobre las obras contempladas. También se fijó como tope para su acceso un ingreso familiar equivalente a 3,5 canastas básicas totales (CBT). Ahora, el gobierno de Javier Milei lo redujo a solo una CBT, por lo que las familias con ingresos mayores a 853.000 pesos quedan excluidas. “Claramente es un recorte para expulsar personas y ‘ahorrar’ plata”, denunció Stefanizzi. 

Stefanizzi aclaró que, de no poder afrontar los gastos de las obras de readecuación, los riesgos dependen de cada patología y del equipamiento que se utilice: “Por ejemplo en el caso de las personas que usan un respirador, pueden sufrir un paro cardiorrespiratorio si no se trasladan a tiempo (a un hospital en caso de interrupción de la energía). Y en el mejor escenario de un traslado, hay riesgos tanto en el traslado como en la internación por virus intrahospitalarios”.

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“El Estado se corre del medio y te envía a que pidas todo directamente a Edenor y/o a Edesur. Antes, el Estado estaba de garante de que eso se cumpla, era el que informaba a las distribuidoras (de las solicitudes), las obligaba a realizar la obra y las controlaba”, precisó el titular de AAdED.

En el área de concesión de Edenor y Edesur, que abarca ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, hay aproximadamente 6.000 usuarios electrodependientes. No se conoce oficialmente cuántas obras de readecuación se hicieron hasta el momento ni cuántos inscriptos hay que solicitaron el financiamiento, por lo que la asociación presentó junto a la senadora Alicia Kirchner un pedido de informe al Poder Ejecutivo. La organización sí recogió el testimonio de unas 30 familias que no tuvieron respuesta hasta el momento a sus pedidos de financiamiento. 

Este jueves volvieron a solicitar una reunión con las autoridades del ENRE pero, dijeron en la asociación, “hace dos meses pedimos que se avance con las instalaciones internas, que exijan a las empresas a que lo hagan; las empresas nos dijeron que no hacían obras porque no les estaban pagando y ahora la respuesta al pedido fue esta resolución que es achicar la cantidad de personas que lo pueden pedir (al financiamiento)”.

“Basta de ajustar con los más débiles”, pidieron a las autoridades nacionales mediante un comunicado.



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