En cumplimiento del protocolo represivo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el Gobierno se dispone a inhabilitar la protesta social por todos los medios, sea por multas, represión o extorsión. Ahora, el vocero presidencial Manuel Adorni, anunció que identificaron a 14 organizaciones sociales y aseguró que el gasto por el despliegue del operativo de seguridad durante la marcha del miércoles 20 de diciembre ascendió a 60 millones de pesos, lo cual "será la factura que se le pasará a los movimientos sociales".
Un detenido en situación de calle durante un reclamo de Unidad Piquetera
Entre las organizaciones que mencionó Adorni se encuentran el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, Libres del Sur, La Dignidad, Barrios de Pie, y el Movimiento Evita. Lo llamativo es que de las organizaciones mencionadas por la propia Bullrich y ratificadas por Adorni, ni siquiera asistieron a la movilización, como por ejemplo Movimiento Evita, MTE y Barrios de Pie.
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 22, 2023
En esa línea, indicó que el Gobierno denunció judicialmente por los presuntos delitos de "extorsión" y "defraudación al Estado" en relación al manejo de planes sociales, en función de las supuestas 16.150 llamadas que se recibieron a la línea 134, 1.200 de las cuales "se podrían relacionar directamente" con esos delitos.
"Hay 32 personas denunciadas", dijo el vocero presidencial aunque no mostró ninguna prueba al respecto.
La audacia: tras montar un megaoperativo, hacen cargo del costo a organizaciones
