POLÍTICA | dictadura | lesa humanidad | represión ilegal | derechos humanos | terrorismo de estado

Dictan embargo a un ingenio que fue utilizado por la dictadura

Se trata del ingenio La Fronterita, en Tucumán. La Justicia investiga la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad cometidos en ese lugar.

El Tribunal Oral Federal en Tucumán (TOF) dictó el embargo del Ingenio La Fronterita, cuyos exdirectivos están siendo investigados, debido a que en el lugar se asentó una base militar y funcionó un centro clandestino de detención y torturas durante el terrorismo de Estado.

La medida de embargo fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) a cargo de Pablo Camuña y la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes, dirigida por Carmen Chena.

El Tribunal hizo lugar al pedido y "dispuso medidas cautelares patrimoniales tendientes a la restitución y reparación de las víctimas del caso, donde se investiga la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad cometidos en ese lugar", indicó un comunicado difundido por Fiscales.gob.

Últimas audiencias del año en juicios por delitos de lesa humanidad

El ingenio La Fronterita fue fundado en la década de 1920 por la familia Minetti, en las afueras de Famaillá, y en su predio funcionó un centro clandestino de detención que comenzó a operar durante el Operativo Independencia, en 1975, y continuó activo en la última dictadura cívico militar.

"Esta es la primera medida cautelar que se dicta sobre inmuebles propiedad de una empresa cuyos directores o administradores están siendo investigados por crímenes de lesa humanidad", señaló el escrito

La causa conocida como La Fronterita fue elevada a juicio en diciembre de 2021 y tiene como imputados a los exdirectivos del ingenio Alberto Figueroa Minetti, quien era administrador de la empresa; Eduardo Butori, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos.

Desde 2006 hubo 1117 condenados por delitos de lesa humanidad

Los acusados están procesados como cómplices de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, abuso sexual, violación y homicidio en perjuicio de 68 personas, en su mayoría trabajadores del ingenio, referentes sindicales y residentes de las colonias cercanas al ingenio.

"Los jueces consideraron que se debía proceder al embargo con fines de decomiso del inmueble ya que se trata de un bien utilizado como instrumento del delito, en tanto fue cedido por los imputados -en su calidad de mandatarios, miembros o administradores de la empresa José Minetti & Cía- para el asentamiento de una base militar y centro clandestino de detención y torturas que funcionó allí", se indicó.

"Para los magistrados, los acusados también colaboraron con la operación logística, dando los permisos y autorizaciones para que las fuerzas militares circularan y ejercieran el control total del predio y sus caminos internos, aportando vehículos de propiedad de la empresa al personal militar para el desarrollo de tareas de represión clandestina; y entregado información general y calificada sobre obreros y empleados del ingenio y sus familias a fin de lograr su identificación y que se ejercieran contra ellos acciones de persecución y represión ilegales", añadió la información.

SOMOS UNA COOPERATIVA

NOS AUTOGESTIONAMOS

VOS NOS FINANCIÁS

¿CÓMO?

>CLICK AQUÍ<


En 2016 los imputados vendieron el casco histórico del Ingenio, "pero mantuvieron para sí miles de hectáreas que comprenden el bien inmueble".

La fiscalía solicitó el embargo preventivo de cuatro paquetes accionarios y sus rentas de propiedad de Jorge Alberto Figueroa Minetti.

El Tribunal hizo lugar a la solicitud, por lo que la efectivización de los embargos de los paquetes accionarios de cuatro empresas fue delegada en el MPF y realizada bajo la anotación respectiva en los libros de registro de acciones de las sociedades ubicadas en Tucumán, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires.

Memoria y resistencia, a 46 años de la Masacre de Margarita Belén

Los hechos que sucedieron en ese lugar comenzaron a ser investigados a partir del informe "Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad", realizado en 2015 por la Secretaría de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), pero el expediente estuvo varios años paralizado.

Según este informe, la empresa "creció y se benefició de las dictaduras de Juan Carlos Onganía y la que se instauró en 1976, dos regímenes militares bajo los cuales el ingenio aumentó su producción y multiplicó sus ganancias sobre la base de la persecución gremial y la represión".

La causa se inició como actuación complementaria en el marco del juicio de la megacausa "Operativo Independencia", que tuvo sentencia en 2017 y abarcó hechos ocurridos desde febrero de 1975 hasta el golpe de 1976. Luego en la causa La Fronterita amplió el plazo temporal al período posterior al 24 de marzo de 1976.

Sigue adentro: negaron la excarcelación de Astiz

Se estableció que durante la vigencia de ese operativo funcionó un centro clandestino en la Base militar sede de la Fuerza de Tareas "Rayo", ubicada en predios del Ingenio La Fronterita y se cometieron allí delitos de lesa humanidad.

En mayo de 2019 el juez federal de Tucumán Daniel Bejas dictó la falta de mérito para Figueroa Minetti, Butori, Martínez Minetti y Cornú De Olmos, confirmada luego por la Cámara Federal tucumana. Dos años después, por orden de la Sala IV de Casación Penal, la Cámara debió dictar un nuevo fallo y procesó a los cuatro exdirectivos.

Los imputados están acusados de participar en esos delitos anteriormente, cuyos autores materiales serían miembros de la Fuerza de Tareas "Rayo", y de haber formado parte de una asociación ilícita.

Dejá tu comentario