En nuestro país, de las 101.267 personas privadas de su libertad, 4476 son mujeres cis y 151 mujeres trans. La salida de la cárcel no garantiza la inclusión en el mercado laboral, ya que estas mujeres y diversidades enfrentan estereotipos que les dificultan el acceso a un trabajo digno. En este sentido, más de cien organizaciones de distintos lugares del país conformaron la Red Creer para trabajar con esta población.
En un gran porcentaje, estas personas se encuentran detenidas por traslado de estupefacientes, en situaciones en las que en muchos casos son manipuladas por varones que las utilizan para esa tarea. Además, suelen ser víctimas de distintos tipos de violencia de género.
Desde el Área de Géneros, Radio Nacional dialogó con Florencia Sequeira, coordinadora de la Red, quien explicó la intención de esta iniciativa: "Trabajamos con personas que están/estuvieron privadas de su libertad porque constituyen un grupo que no recibió oportunidades reales de inclusión y que la mayoría de los casos atravesaron diferentes vulneraciones de derecho. Además, entendemos que este tema no está bien informado en la agenda mediática, y eso, por supuesto, hace que el desconocimiento que tiene la sociedad respecto a esta población se profundice".
Además, aseveró: "Sabemos que cuando efectivamente se incorporan herramientas socioeconómicas o se acceden a oportunidades laborales sostenidas en el tiempo, estas personas se pueden alejar de las situaciones que son perjudiciales para sí mismas y para terceros".
En las cárceles también se escribe
"Según el Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena del 2021, había 101.267 personas privadas de su libertad, de las cuales 4476 son mujeres cis y 151 mujeres trans. Además, 68 de ellas están privadas de su libertad con sus hijas e hijos", indicó la coordinadora.
Según la Red Creer el 15,7% es el promedio global de sobrepoblación de las cárceles.
Respecto al contexto general en las cárceles, incluyendo todos los géneros:
La mayor parte de la población la constituyen personas de entre 25 a 44 años con un índice del 64,2% del total.
El 56,2% contaba con estudios primarios como máximo nivel educativo transitado.
El 42,9% no contaba con oficio ni profesión.
El 37,2% se encontraba desocupada.
El 35,9% con empleo parcial.
Todos estos números hablan por sí solos: realmente la mayoría de la gente que cayó en el encierro no tuvo posibilidades reales de valerse por medios que no contemplasen la delincuencia.
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"Además de con esta población también trabajamos con mujeres liberadas y con mujeres que son familiares directos de personas privadas de su libertad. Elegimos trabajar con ellas porque viven, o vivieron, un contexto complejo de encierro donde se vulneran muchos de sus derechos. En su mayoría nunca tuvieron oportunidades para tener otras condiciones de vida que no las conduzcan al encierro. Tienen que ser políticas transversales, por eso desde la red pensamos iniciativas que acompañen y ayuden, como las herramientas formativas, acompañar proyectos productivos y también en el aspecto afectivo, ya que muchas veces sus lazos afectivos se rompen, sus afectos no las visitan o no les acercan a sus hijos a la cárcel", explicó Sequeira.
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Por todo ello la Red Creer viene implementando iniciativas desde el 2020, que tienen que ver con capacitaciones, formación y fortalecimiento en oficio, emprendimientos, en economía social y habilidades socioemocionales. "Desde entonces hemos trabajados con más de 500 mujeres privadas de su libertad y hemos acompañado financieramente con el Fondo Semilla, que apoya a proyectos productivos, a 70 mujeres", concluyó la coordinadora, resaltando algunos de los resultados.
