El Gobierno de Javier Milei rechazó un pedido de informe sobre la ubicación del oro argentino presentado en el marco del juicio internacional por la expropiación de YPF. La decisión se da en un contexto de fuerte presión de los fondos demandantes para identificar bienes que puedan ser embargados y utilizados como garantía de pago.
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La controversia gira alrededor de las reservas de oro que la Argentina mantiene en el exterior y de los movimientos ordenados en los últimos meses por el Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo.
Los demandantes en la causa YPF pidieron a la jueza estadounidense Loretta Preska que obligue al país a presentar una declaración jurada con el detalle de la ubicación, movimientos y cuentas donde se encuentra ese oro.
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En su planteo ante la Justicia norteamericana, los fondos sostienen que el Gobierno habría desplegado una estrategia de ocultamiento de activos para eludir posibles embargos, y cuestionan la falta de colaboración de la Argentina para aportar documentación clave. Incluso señalan que el Estado presentó un testigo “no preparado”, lo que interpretan como una maniobra dilatoria que agrava el daño económico mientras el precio del oro se ubica en niveles históricos.
La Procuración del Tesoro, por su parte, niega que el país se encuentre en desacato y defiende la posición oficial de que las reservas de oro son patrimonio del Banco Central y no del Tesoro, lo que limitaría su ejecutabilidad en el marco del juicio. Esa línea argumental intenta cerrar la puerta a que los fondos buitre avancen sobre los lingotes como parte del cobro de la sentencia por la expropiación de YPF.
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Sin embargo, el tema excede el expediente judicial y golpea de lleno en el terreno político: desde 2024 se conoce que el Gobierno trasladó al exterior una porción relevante del oro del Banco Central, operación realizada con sigilo y sin precisiones oficiales sobre montos, destinos ni garantías. Dirigentes opositores y especialistas vienen reclamando explicaciones, advirtiendo que esos activos podrían quedar expuestos a embargos en tribunales del exterior.
El rechazo al pedido de informe sobre la ubicación del oro profundiza esas suspicacias y refuerza la percepción de opacidad en un área especialmente sensible, como es la administración de las reservas en un país con historial de crisis y default. Sectores opositores insisten en que la sociedad tiene derecho a saber bajo qué condiciones se trasladaron los lingotes, qué bancos los custodian y qué riesgos asume la Argentina en el tablero financiero global.
En paralelo, el caso YPF sigue escalando en complejidad y riesgo: cada nueva presentación de los fondos acreedores apunta a cercar los márgenes de maniobra del Gobierno y a ensanchar el menú de activos potencialmente ejecutables. Frente a ese escenario, el cierre de información sobre el oro puede servir para ganar tiempo en tribunales, pero al costo de alimentar un interrogante inquietante que se repite en el debate público: ¿dónde está, exactamente, el oro de la Argentina y quién responde si las cosas salen mal?
