José Carlos "Kily" Rivero tenía 4 años cuando el 12 de mayo de 2012 la pulverización de agrotóxicos finalmente le arrebató la infancia. Hay un responsable: Oscar Antonio Candussi, dueño de la empresa tomatera lindante con la casa donde vivía el nene y toda su familia.
El productor agropecuario fue procesado por homicidio culposo y el 18 de abril era la fecha fijada para el juicio por la muerte de Kily, pero la Justicia lo detuvo.
Según informó el sitio Tierra Viva, en una crónica de Anabel Pomar titulada "Justicia y Poder Judicial no son sinónimos: muerte, agrotóxicos e impunidad", el juez Jorge Antonio Carbone, presidente del Tribunal de Juicio de la localidad correntina de Goya, fue quien suspendió la audiencia: “Vistos que la nutrida agenda del Tribunal no permite la fijación de debates en fecha próxima (…) y atento a que en la presente causa no existe persona detenida, por la que prorrogar la fecha de audiencia no ocasionaría gravamen relevante en el presente juicio: resuelvo suspender la audiencia señalada”.
Frente a la despectiva suspensión del juicio, la mamá de Kily, Eugenia Sánches, manfestó a Tierra Viva: “Me da mucha impotencia porque no hay ningún preso pero sí un niño muerto y mucho dolor en la familia porque todavía no se puede tener justicia. Cuanto más se aleja el juicio más se dilata nuestro dolor. No es fácil recordar nuevamente todo lo que pasó”.
En 2021, Eugenia perdió a otra de sus hijas, Antonella, de 16 años, producto del cáncer, una enfermedad que suele derivarse de las fumigaciones, de los agrotóxicos.
Los síntomas de Kily
Kily comenzó a tener vómitos y fiebre, y cuando su mamá lo llevó a la salita médica de la zona, sólo le dieron analgésicos y lo enviaron de nuevo a su casa. No le hicieron ningún estudio ni lo dejaron en observación a pesar de eu Eugenia les indicó que a metros había una quinta productora de tomates donde el uso de agrotóxicos era moneda corriente. De hecho, dos semanas antes de esos síntomas, en la casa murieron gallinas, cerdos y un perro.
Al ver que el niño, lo volvieron a llevar de urgencia a un hospital zonal en Goya, y luego de 24 horas de internación, y en un estado de creciente gravedad, lo trasladaron a otro hospital de mayor complejidad situado en la capital correntina.
Ahí llegó el diagnóstica fatal: daño hepático fulminante. Entonces lo derivaron al Hospital de Pediatría Garrahan en la Ciudad de Buenos Aires, donde finalmente falleció. "Falla hepática fulminante, falla multiorgánica, de origen tóxico", consta en documentos que forman parte del expediente judicial.
En la causa judicial consta explícitamente que en la orina del nene había presencia de agrotóxicos organofosforados, presentes en plantas de tomate en el lote del productor Oscar Antonio Candussi, imputado por el asesinato, y en huesos de uno de los cerdos muertos en la casa de la familia Rivero.
Veneno servido en la mesa
Según indica la crónica, en 2018, la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) dictó una resolución en la que recomendaba el control del uso de agrotóxicos y un camino imprescindible hacia la agroecología en esa región de Corrientes. Un año después, en noviembre de 2019, los funcionarios de la DPN viajaron a la provincia y recorrieron el pueblo de Lavalle y las tomateras.
Tras ese viaje, luego de documentar innumerables situaciones de riesgo concreto para la salud y el ambiente, elaboran un informe en el que se lee que las autoridades municipales reconocieron que se continúan utilizando pesticidas prohibidos. Por ejemplo, el endosulfán, prohibido seis años antes.
“En relación a los productos utilizados, hicieron referencia a que ‘el que más se usa es Agromur, que es endosulfán (...) Existen estudios que indican que este producto seguiría siendo utilizado en ciertos cultivos, ya que se han detectado elevadas concentraciones del mismo en frutas y verduras adquiridas en comercios, llegando incluso a ser el plaguicida con mayor frecuencia de detección en uno de los análisis realizados”, señalaron.
Según datos del Mercado Central, un tomate que llega a nuestras mesas puede contener unos treinta agrotóxicos.
En otro párrafo del informe de la Defensoría del Pueblo puede leerse: “La incidencia de la exposición a agroquímicos en la salud de la población es intuida por las autoridades, que la vinculan al alto número de vecinos que padecen cáncer y malformaciones congénitas (…) En relación a ello, se destaca que en sólo una semana, la Municipalidad ha debido costear los viáticos de aproximadamente unas 60 personas para que estas accedan a atención oncológica”.
Corrientes no escapa a la situación de grave emergencia socioambiental que se vive en Argentina, el país más pulverizado del mundo con agrotóxicos. Y las autoridades lo saben hace años. Ese informe es sólo una muestra más.
Mientras, hoy, la muerte de Kily continúa impune. Y en el que fuera su barrio, y en tantos otros más, niñas y niños continúan expuestos a esos agrotóxicos que le costaron la vida.
