Más de 30 organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos salteñas anuncian un plan de lucha que dará inicio este martes 14 de febrero, en protesta por el reciente decreto N°91/23 del gobierno de Gustavo Sáenz que dispone un "Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas" ante "los reiterados y continuos cortes de rutas ocasionados por manifestaciones públicas".
El decreto fue publicado el jueves 2 de febrero en el Boletín Oficial de la provincia, e implica que las fuerzas de seguridad provinciales puedan actuar ante una protesta que bloquee rutas nacionales sin la autorización de un juzgado nacional ni la intervención de fuerzas federales.
Es en este marco que las organizaciones convocaron a una conferencia de prensa que se desarrollaba desd la mañana en la plazoleta IV Siglos, en la que anunciaron un plan de lucha que comenzará este martes 14 de febrero, con una movilización al Grand Bourg. En el interior, las fuerzas se movilizarán a las gobernaciones de sus departamentos.
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La medida de lucha se mantendrá hasta que sea derogada la medida, a la que consideran que "habilita la represión de las manifestaciones y luchas de la población en el marco de un plan de ajuste que viene llevando adelante el gobierno".
Y es que las movilizaciones se vienen dando con continuidad en reclamo por agua potable, educación y salud, además de los tarifazos sufridos.
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Las organizaciones remarcaron al respecto: "el objetivo claramente consiste en derrotar toda resistencia de la población para hacer pasar el ajuste fondomonetarista", afirmó un representante de las organizaciones. En tanto, uno de los convocantes de la conferencia de prensa concluyó: "exigimos la derogación inmediata del Decreto 91-23 y votamos un plan de lucha hasta que caiga".
El decreto surge entonces principalmente en el norte de la provincia, allí donde la población protesta ante la falta de agua y las elevadas facturas de energía eléctrica que deben pagar mientras soportan altas temperaturas. En ese sentido, las organizaciones señalan que el decreto se da para frenar "la resistencia de parte del pueblo trabajador, de ocupados y desocupados, como la lucha salarial de los autoconvocados de la salud, municipales, vendedores ambulantes, organizaciones piqueteras, activistas que defienden el medio ambiente contra el extractivismo sojero y minero, vecinos que reclaman por la falta de agua y en contra de los tarifazos (como el acampe de Oran frente a las oficinas de Edesa, en el que participaron alrededor de unas quinientas personas)".
En tanto, días atrás el Sindicato de Prensa de Salta (SiPrenSal) alertó que el decreto determina que "los periodistas no deberán obstaculizar los operativos de la fuerza de seguridad, ni podrán interferir en el desarrollo de los hechos", dado que, además de "dar legalidad a las acciones que criminalizan las protestas, puede causar una censura al trabajo de comunicación".
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