Organizaciones feministas, sindicales, sociales, de derechos humanos, académicas y del colectivo LGTBIQ+ lanzarán el 29 de junio la "Campaña Nacional por una Reforma Judicial Feminista", con la que buscarán "visibilizar el actual e indebido desempeño de la justicia en Argentina, poniendo el foco en jueces y juezas que reproducen prácticas y lógicas patriarcales".
Si bien el lanzamiento estaba previsto para hoy en la Federación Gráfica Bonaerense, del barrio porteño de Monserrat, las organizadoras pospusieron la actividad para la última semana de este mes.
La "ausencia" de perspectiva de género en procesos y sentencias judiciales y "la falta de acciones integrales que preserven la integridad de mujeres, infancias, adolescencias y diversidades" serán ejes clave del encuentro que reunirá a referentes del feminismo y del transfeminismo.
"A la luz de los hechos que sufrimos como ciudadanía en manos de la Corte Suprema de Justicia y de un sector del Poder Judicial, consideramos que es de carácter urgente que esta Campaña proponga las bases para un programa de transformación del sistema judicial desde una mirada interseccional, antipunitivista, antirracista, de integración latinoamericana, de respeto e integración a los pueblos originarios y en clave de derechos humanos", expresaron las organizaciones.
Advirtieron sobre la "criminalización, tanto de luchadoras populares y madres protectoras, como de personas LGBTIQ+" y denunciaron que "cada colectivo que hoy emprende una batalla por sus derechos encuentra en el Poder Judicial actual una trampa para el acceso pleno a la justicia".
El objetivo de la campaña -señalaron- es lograr una amplia difusión y sumar adhesiones en todo el país "para dar lugar a una red feminista que emprenda esta lucha para mejorar la calidad democrática" del país.
"Porque nos siguen matando. Porque siguen desoyendo nuestras denuncias. Porque los jueces que integran el Tribunal Supremo de la Nación decidieron no capacitarse bajo la Ley Micaela y no respeta la paridad de género en su conformación. Por todo ello, nuestra lucha es clave para la transformación de las desigualdades estructurales que no nos permiten ser ciudadanas de pleno derecho", argumentaron.
La idea de avanzar hacia una Campaña Nacional nació en 2021, durante el encuentro de algo más de 6 mil personas de distintos puntos de Argentina en el Foro Federal Virtual por una Reforma Judicial Feminista.
Al año siguiente, en el Encuentro Plurinacional de MLTI+ en la provincia de San Luis, se concretó en forma presencial un Taller por la Reforma Judicial Feminista, que tuvo unos 300 asistentes y en el que se escucharon relatos en primera persona sobre "los padecimientos frente a una justicia machista y misógina que decide prolongar la cultura patriarcal hasta nuestros días".
A todo esto se sumó, en febrero pasado, el pronunciamiento de unas 200 organizaciones que "apoyan el proceso de juicio político a los actuales miembros de la Corte Suprema" en la Cámara de Diputados.
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El colectivo había detallado mediante un comunicado, una a una las razones por las que debe darse una profunda reforma:
"Este Poder Judicial se esconde detrás de sus cargos vitalicios y detrás de sus exenciones impositivas; privilegios que alejan a sus funcionarios/as/es de las realidades del pueblo, especialmente de las de las clases populares, lo que vemos en las decisiones tomadas a espaldas de la sociedad y en contra de los intereses de las mayorías. La distancia y ajenidad entre los/las/les operadores de justicia y quiénes vamos a reclamar por nuestros derechos fomentan la desconfianza. A esto se suma el críptico lenguaje de los tribunales, los tiempos prolongados para tomar decisiones y la presencia de fuertes estereotipos de género, que se agravan al combinarse con factores de clase y raza, y hacen que hoy el Poder Judicial sea aquel en el que menos confía la ciudadanía", señalan respecto a la nula democratización del sector.
Más aún, actualmente se encuentra vigente la Ley de Ingreso Democrático que el Ministro Público, Fiscal y de la Defensa implementaron en sus áreas. No obstante, el Poder Judicial "nunca reglamentó la ley, porque de hacerlo ¿dónde trabajarían los hijos e hijas, sobrinos y hermanas de los magistrados y magistradas sino podían darle un cargo en su fuero?".
Denuncian, asimismo, la corrupción en la Obra Social del Poder Judicial; los fallos benefactores a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad y la deshumanización de la/o/es justiciables; los vínculos "obscenos" entre los magistrados de la Corte, jueces federales y los grupos concentrados del poder económico.
¿Qué proponen?
Dentro de sus propuestas se encuentran el aumento de los integrantes de la Corte Suprema y el cumplimiento de la Ley de Ingreso Democrática -que indica que los funcionarios del Poder Judicial deben acceder a sus puestos mediante concursos públicos y abiertos- y de la Ley Micaela.
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Por otra parte, también se pide la remoción por Juicio Político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y aumento en el número de integrantes que la componen.
Además, se deberá implementar la paridad de género en la integración de los Superiores Tribunales Provinciales y las Cámaras de Casación Nacionales, Provinciales y Federales y se dispone la creación de un Observatorio Popular y Feminista que de seguimiento al desarrollo de la gestión de autoridades del sistema judicial.
Otro punto importante es la implementación de sanciones a jueces, juezas, defensores/as y fiscale/as que no apliquen la normativa internacional con perspectiva de género, y la escucha activa a mujeres, infancias y diversidades.
