Rafael Nahuel tenía 22 años cuando fue asesinado por la espalda en manos del Grupo Albatros de la Prefectura Nacional.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación realizó una presentación ante la justicia federal en la ciudad rionegrina de Bariloche para ser querellante en el proceso judicial que busca determinar las responsabilidades en el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel (22) en noviembre de 2017.
A través de esta solicitud, el órgano a cargo de Horacio Pietragalla Corti busca "impulsar la investigación del joven mapuche, que según las pericias que constan en el expediente, fue asesinado por una bala de un miembro del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina durante un operativo por un conflicto territorial", indicaron en el texto.
El miembro del grupo Albatros del que habla la solicitud es el prefecto Francisco Pintos, quien fuera acusado de homicidio agravado tras el resultado de la primera pericia balística que había determinado que el proyectil que mató al joven salió de su arma. En febrero pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, Río Negro, dictó la falta de mérito para el uniformado tras otra pericia que puso en jaque la primera. Por lo tanto, la causa está aún en etapa de investigación y no tiene ni un imputado, ni procesado.
Rafael Nahuel, no hay ni un imputado en la causa
La primera pericia estableció que la bala que asesinó a Rafael Nahuel partió del arma del cabo primero Francisco Pintos. ">
El operativo represivo que se desplegó el 25 de noviembre de 2017 estuvo a cargo de la unidad Albatros en Villa Mascardi, cerca de Bariloche, cuando integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu reclamaban sus tierras. Fue en ese intento de desalojo que Rafael Nahuel recibió un tiro mortal por la espalda.
"Fueron seis los agentes que llevaron adelante la persecución en el predio que terminó en el asesinato", recuerda el texto de la Secretaría.
De esta forma, con el pedido de constituirse como querellante, el Estado "busca dar una señal de repudio a los hechos de violencia institucional, contribuir a la búsqueda de Verdad y Justicia como paso fundamental para la no repetición de estos casos" y , a su vez, pretende "evitar que el Estado argentino sea condenado internacionalmente por violaciones a los derechos humanos".
