La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó a la Justicia la confirmación de los procesamientos de los cuatro integrantes de Revolución Federal como supuestos integrantes de una asociación ilícita que buscó imponer sus ideas o "combatir las ajenas por la fuerza o el temor".
Los abogados Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira concurrieron a una audiencia presencial ente los integrantes de la sala I del Tribunal de Apelaciones en la que también expuso la defensa de Morel, que pidió revocar el fallo, según fuentes judiciales y Télam.
La audiencia tuvo lugar en el segundo piso de Comodoro Py 2002 y duró poco menos de una hora. Se realizó este martes en el edificio ahora rodeado de estrictas medidas de seguridad por la espera del veredicto en el juicio de la causa Vialidad.
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La abogada Amina Chale actuó como defensa de Morel, y pidió que se revoquen los procesamientos al argumentar que su cliente, junto a Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, no cometió delito alguno.
La semana pasada, los otros defensores presentaron escritos ante el Tribunal en los que reclamaron lo mismo para sus clientes.
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¿CÓMO?
Los cuatro fueron procesados el 3 de noviembre pasado por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, al considerar que sus conductas quedaron por fuera de la protección constitucional a los derechos de protesta y libre expresión de ideas.
Las conductas investigadas "quedan por fuera de la protección constitucional de los derechos a la protesta y a la libre expresión de ideas, pues exceden el ejercicio de la libertad de expresión y el ámbito de reserva constitucionalmente amparado", explicó el juez en el procesamiento que ahora revisará la Cámara.
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"Generar daños en el vehículo en que se transporta un ministro, amenazar de muerte a una funcionaria de la actual gestión de Gobierno, obstaculizar la realización de actos gubernamentales", quedan por fuera de ese derecho, enumeró sobre algunos de los actos atribuidos a Revolución Federal.
Los cuatro acusados fueron excarcelados por los mismos magistrados del Tribunal de Apelaciones que tendrá que decidir ahora si confirma los procesamientos.
