La Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó un protocolo que regula la actuación de las fuerzas policiales en el marco de manifestaciones públicas. En este contexto, Amnistía Internacional expresó su profunda preocupación y solicitó una entrevista al Fiscal General para acercar sus observaciones al documento emitido en fecha 31 de marzo de 2016.
La organización internacional manifestó que la resolución FG N 25/2016 del Ministerio Público Fiscal expresa la profundización de una política pública que tiene como fin reprimir y criminalizar la protesta social. Además, sigue el modelo del Ministerio de Seguridad Nacional de instruir a las fuerzas de seguridad para que detengan las protestas que se desarrollen en la vía pública e iniciar causas contravencionales contra los participantes.
"No corresponde hacer de la protesta social un conflicto entre los derechos de uno en oposición a los derechos del otro; un conflicto entre libertad de expresión y libertad de tránsito", sostuvo Mariela Belski, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
"Las medidas adoptadas tanto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como por el Gobierno Nacional, oportunamente, lejos de canalizar la conflictividad social existente, incorporan mayor violencia institucional a la sociedad", denunciaron desde la ONG.
Por último, afirman: "Los derechos humanos no son objeto de negociación de ningún tipo, y por el contrario, el Estado está obligado a garantizar su goce sin contraprestación o condicionamiento alguno".
