“El gobierno es categórico al afirmar que en Perú no existe una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ni lo que han denominado un ‘racismo sistémico’ en el actuar de las distintas autoridades”. De esa manera, el gobierno peruano rechazó un reciente informe de la ONG Amnistía Internacional sobre la represión de las protestas en curso.
Mediante un comunicado de su Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en un omunicado, se subrayó que el gobierno de Dina Boluarte es “consciente” de que “la lucha contra la discriminación es uno de sus mayores desafíos”.
La nota señaló que esa cartera está facilitando el desarrollo de investigaciones del Ministerio Público para identificar a “los responsables de las graves afectaciones al derecho a la vida”, así como de daños a la propiedad pública y privada producidos en las protestas. Asimismo, remarcó que desde diciembre pasado funciona una comisión creada especialmente con el objeto de ayudar a las víctimas de las movilizaciones y a sus familiares.
Amnistía acusó al gobierno peruano de estar “cometiendo graves violaciones de derechos humanos en el contexto de la represión estatal violenta en contra de protestas sociales”. En un informe publicado el jueves pasado, la ONG sostuvo que las autoridades actuaron “con un marcado sesgo racista, ensañándose contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas” y que “la represión letal es otra muestra del desprecio hacia la población indígena y campesina”.
Ese informe fue divulgado un día después de que la directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara, fuera recibida por la presidenta Dina Boluarte, a quien dijo que le entregó “evidencias” de “uso excesivo y letal” de la fuerza en la represión de las manifestaciones.
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QUÉ ESTÁ PASANDO EN PERÚ
Perú vive una ola de protestas antigubernamentales desde el 7 de diciembre pasado, cuando el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo después de que este anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.
Los manifestantes reclaman esencialmente la renuncia de Boluarte y el adelantamiento de las elecciones generales. En esas protestas murieron 49 personas (48 civiles y un policía) en enfrentamientos y otras 11 como consecuencia de los cortes de rutas, y al menos 1.298 personas (entre ellas, 333 policías y seis militares) resultaron heridas, según el último balance de la Defensoría del Pueblo, publicado este sábado.
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