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Criptoestafa: la jueza Servini rechazaría las denuncias de los afectados

Según trascendidos mediáticos, la magistrada dejaría de lado las denuncias de varios de los afectados que quisieron prestar su testimonio contra el mandatario. 

La jueza federal María Servini, a cargo de las denuncias contra Javier Milei por el criptogate, podría otorgar un gran beneficio al Presidente por su participación en la mega estafa, por la cual fueron perjudicadas miles de personas. 

Según trascendidos mediáticos, la magistrada dejaría de lado las denuncias de varios de los afectados que quisieron prestar su testimonio contra el mandatario porque, a su criterio, todavía no se estableció si el caso se trató de una estafa.

Así, se despiertan una serie de especulaciones en torno al beneficio que le otorgaría la jueza al jefe de Estado, que podría estar asociado, por ejemplo, a su cercanía con el apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola, una suerte de sobrino de la magistrada, cuya familiaridad se gestó mediante su amistad con la mamá del joven abogado, la letrada Claudia Balbín, cercana al radicalismo.

Servini fue sorteada días atrás para llevar adelante cuatro denuncias por la criptoestafa, que fueron unificadas: allí se encuentran la denuncia del ex diputado, Claudio Lozano (quien también denunció públicamente el letargo judicial en la causa); el abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo; el letrado, Marcos Zelaya, y la fundadora de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, María Eva Koutsovitis.

Una de las primeras medidas de Servini fue delegar la causa al fiscal Eduardo Taiano, cuyo hijo, Federico Taiano, trabaja con el jefe de Gabinete Guillermo Francos: Taiano hijo fue designado en agosto del año pasado cómo jefe de la "Unidad Bienes Decomisados".

Más allá de este potencial beneficio en la Justicia local, el mandatario también recibió denuncias que trascendieron las fronteras.

En Estados Unidos, el Departamento de Justicia ya inició la primera etapa de la investigación luego de la denuncia presentada por el estudio jurídico argentino Moyano & Asociados, mientras que en España se juega otra denuncia impulsada por el el diputado Gerardo Pisarello, por "posibles fraudes" en la promoción de la criptoestafa.



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