El Bloque de Trabajadorxs Migrantes repudió el anuncio del Gobierno nacional en torno al cobro de aranceles a extranjeros no residentes en salud y educación.
La potencial medida es inviable, dado que actualmente, quienes ingresan a universidades cuentan obligatoriamente con un DNI argentino, otorgado por Migraciones, y no pagan tarifa de ningún tipo porque la gratuidad educativa está avalada por la Ley de Educación Superior (Ley 24.521).
No obstante, el anuncio llevado adelante por el vocero presidencial Manuel Adorni, buscó sumar un paso más en los ataques discursivos a todo lo que represente inclusión. La batalla cultural está librada pero en términos reales, muchas de las propuestas libertarias son impracticables, además de generar un fuerte rechazo en buena parte de la población.
Humo libertario: la presunta reforma en universidades que no tiene aplicación posible
Desde el Bloque Migrante alertaron que el anuncio "representa una violación a los principios de igualdad, solidaridad y derechos humanos que históricamente han caracterizado al país; además, criminaliza y responsabiliza a lxs migrantes de la actual crisis que atraviesa el sistema de salud y educación. A su vez, desconoce el aporte impositivo (IVA) que realizamos las personas extranjeras al sostenimiento de los hospitales, escuelas y universidades".
En esa línea, acentuaron: "Lo hemos dicho mil veces: somos trabajadorxs que pagamos impuestos y aportamos económicamente al sostenimiento de estos derechos, no nos regalan nada".
"Advertimos -continuaron- que esta privatización en el acceso a migrantes es la punta de lanza para la privatización total de los sistemas de salud y educación para lxs argentinxs. El que desfinancia a la salud y educación es el gobierno de Milei, no lxs trabajadorxs migrantes".
Al final del texto, resaltaron lo que Adorni paraciera desconocer: "no hay una normativa formal que las avale".
En ese sentido, llamaron "al Gobierno Nacional a revisar estas medidas y trabajar por la inclusión de la población migrante que llega al país", y pidieron a "las organizaciones de derechos humanos y al pueblo argentino rechazar estas políticas".
