Mendoza y el pueblo mapuche: reconocer es reparar, ¿cuál es el próximo paso?
La desinformación circula de la mano del gobernador de Mendoza y sus funcionarios: dicen que el Estado cedió tierras privadas a pueblos originarios. ¿Por qué esto es una tergiversación?
En la provincia de Mendoza existe un conflicto donde se enrevesan la desinformación, derechos de pueblos originarios, la incertidumbre y la explotación petrolera. Todo surgió a raíz de que el Estado nacional reconoció la ocupación actual por parte de comunidades originarias en El Sosneado y Los Molles, territorios mendocinos. El gobernador, Rodolfo Suárez, dice que el Estado cedió tierras, que las familias que ocupan las tierras no son realmente mapuches y que la medida es inconstitucional.
El abogado Martín Plaza, Director de Tierras, brindó información de la situación en Radio Nacional:
"Lo que hizo el Estado es reconocer la posesión y propiedad comunitaria indígena", y remarcó que el problema es la "desinformación malintencionada" del gobernador y sus funcionarios. "Los funcionarios deberían conocer acerca de derechos indígenas, se trata de una ley de 4 artículos (...). El reconocimiento y el relevamiento no modifica la propiedad registral de estas tierras. Ningún Estado nacional tiene la facultad de ceder tierras", aclaró. Y en ese sentido destacó la ley 26.160, cuyo objetivo es que los pueblos indígenas tengan un marco legal en qué ampararse, en pos de la reparación histórica de estas comunidades que continúan siendo vulneradas y criminalizadas.
La ley 26.160 de relevamiento territorial de comunidades indígenas "suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas". Se trata de una ley de emergencia en el que funciona el programa de relevamiento creado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), mediante el cual se relevan las comunidades indígenas del país y, en caso de corresponder, las tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública.
"Es facultad de la jurisdicción provincial decidir a quién le pertenecen las tierras", afirmó Plaza. De ser así, las quejas del gobernador mendocino no tendrían validez.
A su vez, el vicepresidente del INAI, Luis Alberto Pilquimán, explicó que las normas publicadas en el Boletín Oficial no entregan propiedades, sino que reconoce la ocupación actual.
Según Nota al pie, El INAI ratificó el derecho de posesión de la comunidad mapuche Lof Limay Kuref, mediante la investigación y relevamiento de datos en la zona. A través de la resolución 47/2023 se establece que la comunidad tiene el derecho de ocupar el total de 4.477 hectáreas.
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Posturas que rechazan el accionar estatal
El abogado José Luis Correas, especialista en derecho administrativo, sostuvo que “la resolución es nula de nulidad absoluta” ya que parte de la base de que las beneficiadas son comunidades indígenas, cuando en realidad se trata de “cinco familias que habitan en El Sosneado y cuatro en Los Molles” que ante la Justicia provincial no pudieron acreditar que vivían en comunidad (fallo Sominar de la cámara de Apelaciones de San Rafael y fallo Luchessi de la Suprema Corte), por lo cual tuvieron fallos adversos.
La ley la tiene difícil para las comunidades indígenas: como lo dijo la sentencia en esta causa, no alcanza con reunirse para sostener que dicha comunidad sea mapuche, sino que “se debe valorar que posean un idioma vernáculo, cultura con elementos nativos, conciencia de grupo descendientes de familias que provengan de la época de la conquista y que por ello posean las tierras que ocupan”.
Por otra parte, Correas también observó que Mendoza cuenta con leyes provinciales para interceder: planes de colonización (Ley 4.711) y el programa de promoción y arraigo de puesteros (Ley 6.086), pero no actúa en consecuencia. En ese sentido, planteó que la intervención no debe perseguir la expulsión de los puesteros, sino que protegerlos y buscar una solución, porque “viven ahí hace 140 años y hay que atender la situación social, en cumplimiento de la Ley”.
El gobernador mendocino también expresó su disconformidad ante el reconocimiento de las tierras mapuches: planteó que se está cediendo territorios con activos provinciales "con la idea de detener el desarrollo hidrocarburífero, turístico, laboral y de inversiones" en el sur de Mendoza. El problema es, entonces, que en el territorio ratificado se encuentran pozos de petróleo.
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