El conflicto entre trabajadores despedidos de Georgalos y la empresa sigue escalando. Ahora, cuenta con el respaldo de referentes legislativos de Unión por la Patria. Máximo Kirchner, Sergio Palazzo y Eduardo ‘Wado’ de Pedro impulsarán la realización de una audiencia entre los empleados cesanteados y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Walter Correa.
Los trabajadores, que este miércoles fueron recibidos en el Congreso por los legisladores nacionales, confirmaron el apoyo recibido durante el encuentro. Según manifestaron, tanto Kirchner como Palazzo y de Pedro “dijeron que iban a arbitrar los medios” para que se concrete la reunión con la cartera bonaerense.
Reincorporación y denuncia de despidos ilegales
Los empleados despedidos sostienen que los ceses fueron arbitrarios y en violación de la ley laboral vigente. En su denuncia, reclaman que se determine “la ilegalidad de los despidos” y que se actúe con las herramientas legales correspondientes para que “se imponga el cese de las acciones ilegales de las empresas”.
Además, los trabajadores remarcan que “en todo el territorio argentino el derecho a huelga es Constitucional” y que, como tal, “no puede ser jamás causal de despido”. Por este motivo, consideran que los despidos deben anularse.
La empresa incumplió la conciliación obligatoria
Según informaron los funcionarios involucrados, Georgalos será sancionada con una multa debido al incumplimiento de la conciliación obligatoria dispuesta por las autoridades. No obstante, los empleados insisten en que lo primordial es atender “la causa de fondo”, en referencia a los despidos que consideran ilegales.
Uno de los trabajadores afectados, Diego Ciani, relató que fue cesanteado “por haber acatado un paro llamado por el Sindicato de la Alimentación”.
“Sabemos que el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires tiene todas las herramientas necesarias para imponerle a la empresa que se cumpla con la ley y volvamos a nuestros puestos. Estamos insistiendo en esto porque, hasta ahora, la empresa hizo lo que quiso y el Ministerio de Buenos Aires se lo permitió, más allá de prometer una multa por violar la conciliación. Debería determinar la ilegalidad de los despidos y poner multas por eso”, concluyó Ciani.
