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Libertad para la China: un evento obstétrico no es delito

La China está detenida en el Complejo Penitenciario de Ezeiza hace dos años, bajo la acusación de "homicidio agravado por el vínculo", cuando en realidad la mujer atravesó un "parto en avalancha", y en un contexto donde el aborto ya estaba despenalizado.

Comienza el juicio contra una mujer que está presa por un evento obstétrico juzgado como homicidio en el Tribunal Oral en lo Criminal 30 de la Ciudad de Buenos Aires. Diversas organizaciones feministas se manfiestan allí desde temprano, en reclamo de la absolución de la China.

La China (43) es una venezolana, madre de dos hijos, y usa este apodo para preservar su identidad y que, a la vez, su historia sea escuchada. Ella está presa desde diciembre del 2020 en el Complejo Penitenciario de Ezeiza acusada de "homicidio agravado por el vínculo" por un evento obstétrico de emergencia. Ya van a cumplirse dos años perdidos en la cárcel.

La China no estaba al tanto de su embarazo, y no supo, hasta más tarde, que lo que había expulsado era un feto. Resulta que el 16 de diciembre del 2020, habiendo transcurrido una terrible noche con fuertes dolores ováricos, descartó en un contenedor de basura sus sábanas porque estaban manchadas con lo que, supuso, eran coágulos. Una semana después fue detenida, a raíz de la denuncia de un cartonero que dijo haber encontrado un feto entre las sábanas descartadas.

Es normal que ella no supiese de su estado, porque padece Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP). Esta afección genera irregularidades en el ciclo menstrual, donde la persona con vulva no menstrúa por meses, y padece de una mayor intensidad de dolor ovárico y de sangrado cuando ocurre.

En realidad, la China había experimentado esa noche un "parto en avalancha", que sucede cuando el parto es abrupto y se expulsa en el mismo momento el feto, los coágulos y la placenta.

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Complicada por la enfermedad, la China contó en una carta publicada por la escritora Ana Correa que sus partos anteriores tampoco habían sido comunes.

 

 

Migrante, llegada a la Argentina con su marido y sus dos hijos en 2017, luego despedida de su trabajo durante el primer año de pandemia, y las complicaciones que en ocasiones conlleva criar a un hijo con trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH), todo eso cuenta la China en su carta en primera persona, aquella que escribió para que su caso trascendiera las redes feministas y llegara a un público más masivo.

 

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Años atrás, en Venezuela, si bien ella no experimentó ningún síntoma común de embarazo y su menstruación llegaba mes a mes, quien se percató finalmente de su primer embarazo fue su madre.

Con culpa y desconcertada, la China recibió la noticia y contactó al padre del hijo que esperaba. Él prometió hacerse cargo, pero no fue así. Sola crió a su hijo, desempeñando varios trabajos al mismo tiempo para poder costear los gastos.

Con su segunda pareja tuvo otro hijo, con un embarazo transitado muy similar al anterior. Descubrió que estaba embarazada ya a poco tiempo de parir. En la cesárea, vio a su bebé ya nacido, sin señales de vida y de la piel de un color grisáceo. Finalmente su bebé se recuperó, con la advertencia de los médicos de que el niño podía llegar a desarrollar algún problema. Así fue como años más tarde, le diagnosticaron TDAH.

Tiempo después pasó por su primer aborto espontáneo, pero como en el hospital creían que había sido intencional, le negaron la atención. Horas más tarde, medio desmayada y en un delicado estado de salud, fue atendida en otro centro.

Antes del evento obstétrico que desencadenó la injusticia de someterla a prisión, la China pasó por un segundo aborto espontáneo.

En 2020 ocurrió la violencia judicial. En un principio, la investigación judicial apuntaba a ella y a su marido, pero en marzo de 2021 él fue sobreseído porque no encontraron pruebas suficientes en su contra.

Los primeros días detenida los pasó con la bombacha ensangrentada. Los oficiales no le permitían limpiarse porque “era un animal que había matado a su hijo".

La China no solamente atravesó un parto sin ningún tipo de atención o acompañamiento, sino que por esto fue criminalizada y privada de su libertad. Y su caso no es el único. Un estudio del CELS, CUSAM y la Campaña por el Aborto Legal realizado en el 2020, demostró que en el país hay 1532 causas de aborto y 37 posibles eventos obstétricos judicializados en 17 provincias. La enorme mayoría de estas personas son de sectores vulnerables.

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En la carta, la mujer también expresa: "(...) Quiero que entiendan que somos inocentes porque nosotras no vimos, no sentimos, no escuchamos. Porque ni yo ni las que están en mi misma situación nunca supimos que estábamos embarazadas (...) Hoy estoy de pie y sigo adelante porque no puedo bajar los brazos (...) Sé que lo que me pasa interiormente en mi cuerpo y mente les pasa a millones de personas que somos mal vistas por una sociedad y una ley un poco ciega a las realidades que un ser humano puede padecer (...) Gracias por el apoyo que me puedan dar (...) Quiero que se sepa que no soy la única...".

La causa está en manos del juez Luis Rizzi. Los precedentes de este magistrado no son nada prometedores: intentó perseguir judicialmente a médicos que realizaron un aborto no punible a una menor de 13 años, quien contrajo un embarazo por las sistemáticas violaciones de su medio hermano.

La China continúa detenida a pesar de que los peritos médicos que analizaron el feto señalaron que “la causa del deceso del mismo se debe a la evolución de una enfermedad materno placentaria”.

 

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